A pesar de las advertencias, la JCE insistió en aplicar el voto automatizado en los 18 municipios más poblados del país y a pesar de que el sistema estaba en ensayo, no hubo previsiones como tener boletas impresas como alternativas ante un posible fallo.
Ayer se cumplieron tres años de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 por un fallo en el sistema de votación lo que desencadenó en una gran ola de protestas con repercusiones políticas y dejó una mancha en la historia de la democracia.
Sobre el fallo, una investigación de la Organización de Estados Americanos (OEA) encontró 21 faltas en el voto electrónico y dijo que no se trató de un acto intencional sino de falta de supervisión de la Dirección de Informática de la JCE.
“La verdad es que no tenemos unidad de criterio, pero la Junta Central Electoral ha decidido, en este momento, siendo las once y once minutos de la mañana suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado, como en los municipios que llevan la boleta física”, informaba el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán a la población, a través de una cadena nacional de medios de comunicación.
La noticia recorrió el mundo y especialistas internacionales en temas electorales, afirmaron que un hecho de esa naturaleza no se había producido en la historia democrática de América Latina.
Las diferencias de las que hablaba Castaños en el pleno de la JCE luego salieron a relucir. Mientras fue entrevistada por la comisión del Senado que escogió los nuevos miembros de la JCE, la entonces miembro titular del órgano electoral, Carmen Imbert Brugal, dijo que no estaba de acuerdo con la suspensión total de las votaciones, sino que solo se hiciera en los municipios donde el modelo de votación era electrónico.
El voto electrónico solo se implementaría en 18 de 158 municipios, pero eran los más poblados y cubren el 61% del total de los electores del padrón municipal.
Esa suspensión correspondió a las primeras elecciones municipales separadas por tres meses con las presidenciales y congresuales establecidas en la reforma constitucional de 2010.
Los comicios fueron reprogramados para el 15 de marzo y se hicieron con modelo de votación manual.
Luego del fallo, las autoridades policiales, detuvieron al encargado de seguridad del entonces candidato presidencial, Luis Abinader, Ramón Antonio Guzmán Peralta y al técnico de la empresa de telecomunicaciones, Claro, Manuel Antonio Regalado.
Concomitantemente, el acontecimiento generó protestas que fueron creciendo con el paso de los días frente a la Plaza de la Bandera y las provincias del interior, lo que provocó que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto la investigación contra Guzmán Peralta y Regalado, y pidiera un informe sobre lo ocurrido a la OEA. El informe responsabilizó de todo lo ocurrido al Departamento de Informática de la JCE y solo fue suspendido el director, Miguel Ángel García.
Repercusiones políticas impactaron al PLD
La actitud que asumieron los dirigentes de los partidos ante la suspensión de las elecciones, tuvo efectos políticos. La postura inicial del entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana, fue acusar de sabotaje a la oposición y fue detenido el jefe de seguridad de Luis Abinader, lo que generó un gran rechazo y alimentó las protestas que se expandieron por varios días y en todo el país. El liderazgo opositor, encabezado por Abinader y Leonel Fernández, respaldó las protestas, tanto en marzo como en julio. El PLD perdió las elecciones.
