BOGOTA (AP) — Un Ferrari pintado de blanco y verde, los colores de la policía colombiana fue exhibido el jueves por esa institución, que se quedó con el lujoso deportivo que fue confiscado a un narcotraficante que ahora purga condena en Estados Unidos.
El exclusivo auto de fabricación italiana fue mostrado ante reporteros en la sede de la Dirección de Policía Judicial (Dijin), más tarde recorrerá distintas partes del país y luego entrará a formar parte de la colección del museo de la policía, en el centro capitalino.
Mostrar el vehículo pintado con los colores y el emblema de la policía es para «enviar un mensaje a los narcos para que sepan que todos los bienes de la mafia pasarán al estado», dijo la policía en un comunicado divulgado en un correo electrónico.
El Ferrari, modelo 1991, perteneció a Hernando Gómez Bustamante, alias «Rasguño», un reconocido narcotraficante local del cartel del Norte del Valle.
Gómez fue detenido en el aeropuerto internacional de La Habana en 2004 y deportado más tarde a Colombia, cuando entregó a las autoridades distintos bienes, entre ellos el Ferrari, según la policía.
En 2007, las autoridades en Bogotá extraditaron a Estados Unidos a Rasguño, quien había escapado de esta nación andina hacia Cuba poco después de que Washington anunciara una recompensa de cinco millones de dólares por datos que condujeran a cada uno de los cabecillas de ese momento del negocio del narco en Colombia.
«Pese a que ya tiene casi 20 años, el carro está casi nuevo: no tiene más de 2.000 kilómetros recorridos y está valorado en 250.000 dólares», dijo la policía en su nota.
El auto estuvo varios años estacionado en la sede de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en Bogotá, que administraba bienes incautados a la mafia.
Poco antes de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decretara en septiembre el cierre de la DNE, debido a constantes denuncias de corruptelas, la dirección entregó el auto a la policía en julio debido a que no se logró vender el vehículo en varias subastas.
Restrepo explicó que los oferentes querían pagar unos pocos dólares por el Ferrari y si se procedía a ese remate, los jefes de la Dirección podían ser acusados por entidades de control estatales de provocar un daño al patrimonio del Estado, o perdida de recursos públicos, que es un delito y se castiga aquí con multas para resarcir las arcas nacionales.
