La desigualdad dominicana

La desigualdad ha emergido con fuerza en el debate público en el mundo. La República Dominicana no es una excepción. Los resultados…

La desigualdad ha emergido con fuerza en el debate público en el mundo. La República Dominicana no es una excepción. Los resultados de las estimaciones del nuevo informe mundial sobre desarrollo humano han revigorizado las preocupaciones sobre este tema en el país.

El informe reveló que el país mantiene una posición muy similar a la de años anteriores en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y en el posicionamiento con respecto al resto de los países. El IDH resulta de combinar indicadores sobre tres aspectos: bienestar material, educación y salud. Sin embargo, tienen una importante debilidad: asumen implícitamente que no hay iniquidad, es decir, que el bienestar material medido por el ingreso, y que las oportunidades educativas y de vivir una vida saludable se distribuyen equitativamente entre toda la población.

No obstante, en tiempos recientes, los informes han introducido una interesante novedad: incluyen un indicador que incorpora la cuestión de la distribución del ingreso de tal forma que ya no sólo toman en cuenta, por así decirlo, el crecimiento económico, sino también su distribución. De esa forma, si el ingreso se distribuye de forma muy desigual, aunque éste sea alto, el índice podría reducirse. Por el contrario, aunque el ingreso sea relativamente bajo, si se distribuye de forma equitativa, el índice podría elevarse.

En ese sentido, el informe revela que cuando se compara el índice tradicional, es decir, el que no incluye la distribución del ingreso, con el que la incluye, el indicador cae en más de un 25% y el país retrocede en nueve puestos, una de las mayores caídas en el mundo por ese efecto. En otras palabras, cuando el índice se hace más realista, la posición dominicana se degrada más de lo que se degrada el promedio de los países del mundo.

Las causas de la desigualdad tienen que ver con los modelos de desarrollo que se han adoptado, al menos desde la dictadura trujillista, y que han resultado en una fuerte iniquidad en el ejercicio de los derechos de la mayoría de la población. Estos modelos han creado insuficientes empleos y en su mayoría de baja calidad, han reprimido los salarios y las remuneraciones al trabajo en general privilegiando las ganancias, han puesto poco énfasis en los impuestos que deberían pagar los más ricos, y han privilegiado un gasto público que no satisface demandas básicas de la población y que ha favorecido a unos pocos.

Durante la dictadura, el modelo económico se estructuró para privilegiar la acumulación de riqueza a manos de Trujillo. Después del ajusticiamiento, se impuso un nuevo modelo concentrador que privilegió las ganancias industriales y comerciales a costa de la riqueza pública y las remuneraciones urbanas y rurales. En los 80, este modelo fue sustituido por otro de igual naturaleza pero que favoreció al comercio importador, al sector financiero y a nuevos sectores de exportación. El resultado fue una acentuación de la iniquidad distributiva. Hay consenso en que la desigualdad es perniciosa para el desarrollo a largo plazo y que atenta contra el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos universalmente como el de la educación, el de vivir una vida saludable, y el derecho a un techo digno. Es el ejercicio de esos derechos la medida del éxito del crecimiento económico y de los arreglos institucionales.

Además, la desigualdad impide que el crecimiento económico contribuya de forma decidida a reducir la pobreza porque los nuevos ingresos se concentran en pocas manos. Eso explica que en estos últimos años, un alto crecimiento se haya acompañado de logros sociales muy limitados.

Por todo lo anterior, la equidad debe ser un objetivo explícito en todas las políticas públicas. Esto implica, por ejemplo, apostar por remuneraciones crecientes que expandan gradualmente el poder de compra de los salarios, por políticas de desarrollo productivo que contribuyan a expandir las oportunidades laborales, por un acceso amplio a una educación y a servicios de salud de calidad, y por políticas que contribuyan a garantizar acceso a una vivienda digna.

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