Las zonas rurales representan uno de los mayores desafíos para el desarrollo. En décadas recientes, las brechas entre éstas y las zonas urbanas en los países de ingresos medios y bajos se han acrecentado en el marco de persistentes políticas con un manifiesto sesgo anti-rural. Un 75% de las 1,200 millones de personas muy pobres en el mundo viven en zonas rurales.
En la mayoría de los países en desarrollo, las políticas anti-rurales se inauguraron en los cincuenta con un legítimo esfuerzo de industrialización que se hizo en parte a costa de la producción agropecuaria. Cuando esas políticas hicieron aguas fueron reemplazadas por otras que privilegiaron otros sectores pero que mantuvieron algunos de esos sesgos e introdujeron otros nuevos.
En la actualidad, la mayoría de las zonas rurales acusan importantes déficits productivos y sociales. Y no es para menos pues se enfrentan a un entorno hostil.
La disponibilidad de infraestructura productiva es menor, las políticas de desarrollo tecnológico son más débiles, el acceso al crédito es mucho más limitado, la vulnerabilidad física, económica y social es más acentuada, y los servicios de educación y salud son mucho más precarios.
Los resultados han sido territorios cuyas potencialidades no han sido explotadas, notables rezagos en la adopción de prácticas productivas de mayor rendimiento, y una importante proporción de la población que se ve imposibilitada de ejercer derechos económicos y sociales fundamentales y que no tiene el poder suficiente para reclamarlos con la fuerza necesaria.
A pesar de eso, en América Latina hay experiencias de emprendimientos económicos rurales de productores pobres que, superando algunas de esas barreras, han logrado éxitos dignos de conocer y entender. Son literalmente, islas de éxitos.
En Nicaragua, las cooperativas de productores de café agrupadas en CafeNica han logrado mejorar la calidad de su producción e incrementar los precios de exportación y los ingresos percibidos.
En Guatemala, mujeres de comunidades rurales se han organizado en 23 empresas para elaborar y exportar productos artesanales y de bisutería bajo el nombre Wakami, una marca desarrollada localmente.
Sus ingresos se han multiplicado, han mejorado la provisión de servicios sociales en sus comunidades y hoy son reconocidas por su comunidad.
En ese mismo país, los productores de vainitas chinas de varias cooperativas han transformado sus procesos productivos y bajo el esquema de Comercio Justo han empezado a exportar y han incrementado sus ingresos.
En Perú, los productores de banano orgánico del Valle de Piura, organizados en una plataforma llamada Cepibo, también mejoraron sus procesos productivos, lograron certificarse como productores orgánicos y saltaron al mercado internacional vendiendo en Europa y los Estados Unidos.
En El Salvador, los productores de dulce de panela (raspadura) del Valle de Jiboa agrupados en la cooperativa Acopanela mejoraron su producción y sus empaques y conquistaron el mercado de productos nostálgicos en los Estados Unidos.
En ese mismo país, en el municipio de Suchitoto, un conjunto de emprendimientos, rurales y urbanos, organizaron una red de negocios llamada Red Xuchit Tutut, crearon un vale de intercambio y un mercado local de productos agrícolas, e impulsaron el comercio entre ellos. El resultado ha sido un importante incremento de las ventas locales y de los beneficios económicos, en especial para los productores agrícolas.
Algunos de los factores más importantes que tienen en común estos casos han sido los siguientes.
Primero, hubo determinación por parte de sus protagonistas de dar el salto y participar en mercados ampliados, ya sean en cadenas globales o en mercados nacionales amplios. Segundo, lograron aprender y transformar sus prácticas productivas, haciéndolas más sostenibles e incrementando los rendimientos.
Tercero, las cooperativas y los grupos adoptaron modernas prácticas de gestión.
Cuarto, aprovecharon oportunidades comerciales como los mercados nostálgicos, y los esquemas de comercio justo o de productos orgánicos.
Quinto, contaron con un modesto pero determinante apoyo externo, de ONGs locales o internacionales. Desafortunadamente, en casi en todos los casos, el apoyo público y privado brilló por su ausencia o fue muy débil.
Estas experiencias relevan que las zonas rurales tienen potencialidades para su gente. El reto es, por lo tanto, transformar el entorno institucional y de políticas para que facilite procesos como los descritos y que, antes que excepcionales o aislados, los convierta en casos comunes.
