El pacto recién firmado por los países europeos para salvar al euro pone todo el peso de la solución en un severo ajuste fiscal. Con ello, ese continente continúa su firme marcha no sólo hacia la depresión económica sino hacia el desmantelamiento del Estado de bienestar.En grados diferenciados, el desarrollo de las sociedades europeas de las últimas décadas se ha sustentado en un arreglo que ha garantizado ganancias y salarios reales crecientes, una capacidad del Estado para impulsar la demanda cuando la economía y el empleo muestran signos de debilidad, y un adecuado financiamiento para la provisión de infraestructura y servicios públicos.
El Estado ha sido soporte de la expansión económica de la Europa de la posguerra y del incremento generalizado del bienestar porque la participación pública ha sido crucial en la conformación, financiamiento y gestión de sus sistemas de seguridad social, educación, investigación e innovación. A su vez, éstos han sido determinantes para el aprendizaje tecnológico y el impulso a la innovación productiva, las cuales han dado aliento al crecimiento de la productividad del trabajo y de la competitividad de las empresas.
A pesar de que poco han tenido que ver con la crisis misma, este arreglo y la capacidad del Estado de sostener el crecimiento de la economía y del empleo parecen que serán los sacrificados en la solución de los gobiernos y élites europeas.
Que no queda dudas: la crisis se ha derivado de la liberalización financiera que han vivido Europa y el mundo desde hace más de dos décadas. Aunque empujó al crecimiento de corto plazo, benefició en demasía a los bancos, contribuyó a una grosera concentración de la riqueza y creó elevadísimos riesgos sistémicos. Viéndose con las manos libres, las instituciones crediticias prestaron sin miramientos a empresas, personas y gobiernos, y crearon instrumentos que ocultaban los riegos apostando a que nada iba a pasar y que nadie descubriría la calidad de sus carteras.
Pero cuando un grupo crítico de acreedores empezó a fallar en sus pagos (inició con las hipotecas en los Estados Unidos), todo el esquema cuasi-fraudulento se vino abajo. Y como los sistemas financieros europeo y estadounidense son muy interdependientes, la crisis de un lado del charco terminó comprometiendo al otro lado.
El resultado fue una paralización del crédito, las inversiones y el crecimiento.
Esto ha afectado en forma doble a los gobiernos europeos. Por un lado recaudan menos por la desaceleración económica, pero por el otro, tienen menos espacio que antes para financiarse. Ambas cosas han reducido su capacidad para cumplir con sus deudas. Como resultado, los mercados han degradado la deuda de varios de estos países, haciéndoles más difíciles las condiciones para endeudarse y salvar la situación.
Alemania y Francia han optado por proteger a sus bancos, grandes beneficiarios de la liberalización, y han bloqueado alternativas como inyecciones de liquidez o reprogramaciones sustantivas de los pagos de deuda. Por el contrario, han empujado por la salida clásica: recortar gastos con el fin de poner a los gobiernos en condiciones de pagar.
El problema es que por esta vía también han dicho que la economía no contará con el respaldo público, que ésta se deprimirá aún más, que se perderán más empleos y que habrá menos recaudaciones, lo que pone aún más lejos la meta de pagar o lograrla a un costo exageradamente alto. Es como si se dispararan a los pies; el riesgo es la muerte por desangramiento.
Sin embargo, el único costo no es la recesión; lo que está en juego es el arreglo social europeo, el cual, con inequidades y problemas, les ha dado resultados tangibles. Un Estado dramáticamente recortado no podrá seguir jugando el rol que ha jugado. Para empezar, la gente común se está quedando sin trabajo, están viendo sus beneficios recortados o están siendo forzadas a trabajar más años, todo por una crisis que no crearon.
Se trata de una pésima e injusta solución que resulta de un desbalanceado arreglo de poder. Volver a crecer y proteger a la gente debe de ser la consigna. Los arreglos financieros derivados no están pegados del cielo. El compromiso político con la gente de a pie parece que sí.
