Ausencia de registros contables y de controles internos en las instituciones

A pesar de todas las leyes promulgadas y puestas en ejecución que tienen que ver con controles internos y externos, de que se lleven registros…

A pesar de todas las leyes promulgadas y puestas en ejecución que tienen que ver con controles internos y externos, de que se lleven registros contables y de que se rindan cuentas; a pesar de las exigencias de los organismos que están destinados para la fiscalización y control, como son la Cámara de Cuentas de la República (Ley 10-04), la Contraloría General de la República (Ley 10-07), la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Ley 126-01), la Dirección General de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), la Dirección General de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (Ley 340-06), la Ley No. 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, entre otras, la gran mayoría de las instituciones descentralizadas, autónomas y ni hablar de las municipalidades, la mayoría carece de registros contables y de los debidos controles internos.

La causa de estas debilidades institucionales la encontramos precisamente en la falta de la aplicación de cada una de esas leyes.

Es penoso observar cómo estas instituciones públicas manejan los recursos del Estado dominicano sin el más mínimo control y registro contable. Este es uno de los factores, entre tantos, que inciden en la tardanza para la realización de una auditoría por la Cámara de Cuentas de la República, pues no hay una contabilidad organizada, tal como lo exigen las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). La mayoría de las veces, para que los auditores de la Cámara de Cuentas puedan realizar su trabajo, tienen que perder mucho tiempo organizando los documentos, cotejándolos, sumando, hacer los expedientes, pues lo que encuentran son fardos enormes de papeles dispersos por doquier.

Para que entendamos lo que estamos expresando, son muy pocas las instituciones que concilian las cuentas bancarias, los balances por cobrar y por pagar, los balances entre compañías; los activos fijos (propiedad, planta y equipos) no son registrados, asegurados, ni se les calcula su depreciación acumulada, no se abre una tarjeta para cada activo, no se realizan inventarios, no se aseguran ni se le da de baja cuando estos han concluido su vida útil, manteniendo su valor en libros de una manera irreal, pues ya se han convertido en chatarras; no se llevan controles de las construcciones en proceso por separado, los cheques se confeccionan sin los debidos soportes (facturas originales, solicitud y órdenes de compras, recepción de almacén, cotizaciones de diferentes proveedores, etc.); las compras y contrataciones se hacen sin someterse a una licitación y a un concurso, como lo exige la Ley 340-06, pues se favorece a proveedores y a contratistas que no están registrados, facultados ni están en capacidad para realizar negocios con el Estado dominicano; no se realizan las retenciones por concepto de impuestos, Itbis, impuestos derivados de la construcción de obras, de pensiones y de accidentes; seguros médicos y de la seguridad social, y cuando suelen hacerse, no se reembolsan a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Seguridad Social y al CODIA; no se aplica la Ley 41-08 de Administración Pública y Carrera Administrativa, pues aparecen empleados registrados en las nóminas de diferentes instituciones; los contratos por publicidad y por otros conceptos no se registran; como no retienen impuestos a los directores y empleados que califican para ello, algunas instituciones asumen el pago a la DGII, lo que constituye una violación a la ley; dedican grandes recursos a determinadas áreas que en nada tienen que ver con los objetivos de la institución y con los fines para los cuales fue creada, descuidando las obligaciones que sí le corresponden.

En el caso de las alcaldías todavía es peor, pues no se cumple con la Ley No. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, pues no se cumple con las asignaciones presupuestarias para cada área, como son el 40% para Capitalización (construcciones de obras), 31% para el ornato (limpieza, recogida de desechos sólidos y siembras de árboles), un 25% para servicios personales (nómina) y un 4% para educación y género; no se crean las provisiones para la regalía.

La mayoría de los alcaldes manejan esas instituciones como si fueran sus propias empresas, pues no rinden cuentas a nadie, contratan las obras y los servicios sin cumplir con las exigencias legales (Ley 340-06), sin licitación; los cheques se ordenan personalmente y se elaboran sin los debidos soportes; los contratos no se registran, no se cumple con el control del efectivo, pues una misma persona cobra, realiza los ingresos, prepara los depósitos, realiza los pagos y maneja la caja chica; no se realizan las conciliaciones bancarias, no se llevan registros de los recursos humanos, esto es, una ficha para cada empleado, ni se rinden los informes a los organismos de control, como son la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República; se toman préstamos en el mercado informal, es decir, no lo hacen por la vía institucional, a través del Banco de Reservas; la mayoría de la obras construidas están sobrevaluadas y con grandes vicios de construcción.

En muchos casos, cuando los auditores de la Cámara de Cuentas de la República se presentan a algunas de las instituciones públicas para la realización de una auditoría, muchas veces lo que les entregan para la realización de su trabajo es un fardo de papeles desorganizados, y para poder obtener algunas informaciones, deben ellos mismos organizarlos y reunir los documentos que se puedan obtener, pues no existe un sistema contable establecido.

De ahí la importancia de que se apliquen las leyes y se establezcan las responsabilidades a los que no cumplan con estos mandatos, pues esta es una de las principales causas del por qué muchas veces una auditoría toma tanto tiempo en concluirse. Como no existe una cultura de rendición de cuentas, cada quien hace lo que le parece, pero esta situación y este desorden no va a continuar sin que se apliquen las sanciones correspondientes. Para eso, la sociedad en sentido general, ya cuenta con una herramienta muy poderosa, denominada “El Control Social”, que junto a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, cada día está tomando más fuerzas en todos los países del mundo y exigiendo que las instituciones públicas rindan cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

El fortalecimiento de nuestra democracia comienza con el fortalecimiento de nuestras instituciones públicas, de ahí que la Cámara de Cuentas de la República acaba de adoptar su propio lema institucional, el cual aparecerá en todos sus documentos oficiales:

“Rendir Cuentas Fortalece la Democracia”, como una manera de ir fomentando una cultura de informar, de dar a conocer las ejecutorias de los recursos que han puesto en nuestras manos para administrarlos correctamente y de explicarle a la nación cómo, cuándo, dónde y por qué lo hicimos, tal como lo hizo nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que rindió su informe a la junta Gubernativa, el 12 de abril de 1844, sobre el manejo de los recursos que le fueron entregados.
La democracia se fortalece cuando todas sus instituciones públicas se manejan correctamente, con transparencia y pulcritud, cuando llevan registros y contabilidad organizada, cuando respetan los controles establecidos, cuando informan al país de toda su ejecutoria. Cuando actuamos de esta manera adquirimos confianza y credibilidad ante la sociedad. Esto se transforma en autoridad, que es lo que está haciendo falta en estos momentos.

Mientras estemos propiciando actos de corrupción, grandes escándalos financieros y administrativos, mientras contribuyamos con el fraude, cuando violentamos las leyes y los controles establecidos; cuando no colaboramos con la transparencia ni rindamos cuentas de nuestras ejecutorias, no tenemos moral ni autoridad para exigir aumentos presupuestarios y para que se crea en lo que decimos.

Los que dirigen instituciones públicas autónomas, descentralizadas, municipales, ONG, etc., antes que nada, deben preocuparse por la eficiencia, por la transparencia, por establecer controles estrictos en el registro de sus operaciones, en rendir cuentas, ya que su figura, su nombre, su prestigio y el de toda su familia, está puesto en juego, pues a fin de cuentas, esto es lo único que importa.

Muchas veces solo nos preocupamos por exhibir las obras que hacemos, pagamos una costosa publicidad para promover nuestra posición política y actuamos peor que nuestros antecesores, que tantas veces los criticamos, pero lastimamos nuestra moral, nuestra figura y el futuro personal y el de nuestra familia, cuando descuidamos nuestras funciones y nuestras responsabilidades como funcionario, pues tenemos la creencia de que en nuestro país no se aplican los controles ni las leyes, que a nadie se somete a la justicia y que todo se queda en un simple ruido.

Con la puesta en ejecución de un control espontáneo pero muy poderoso en todo el país, como lo es “el control social”, con la proliferación del uso de las redes sociales, después de los grandes escándalos que se han denunciado a través de WikiLeaks, cada día tenemos que ser más cuidadosos, más transparentes y más eficientes en el uso y manejo de los recursos públicos, a menos que querramos ser cuestionados, denunciados y acusados por todas partes. Ojalá que tomemos conciencia de esta delicada situación, antes que sea tarde. Hasta la próxima, queridos hermanos. l

El autor es miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

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