Las autoridades han sacado un balance positivo de la gestión económica y de los resultados alcanzados en 2011. Nueva vez, a partir de las cifras sobre el crecimiento económico, la inflación y el tipo de cambio, muestran un exceso de entusiasmo y de autocomplacencia. La humildad y la autocrítica, factores claves para superar las falencias y para contar con un discurso creíble frente a una ciudadanía escéptica, brillaron por su ausencia.
Sin querer restarle méritos a esos resultados, los cuales se asemejan mucho a los del resto de América Latina y el Caribe, una visión más serena, justa y crítica, al menos reconocería que fue un año mucho más difícil que los anteriores. Las palabras de la sindicalista Eulogia Familia, en una entrevista a un medio digital, lo sintetiza tajantemente: “Para los sectores pobres y productivos, el 2011 ha sido un año duro”.
Por una parte, como ha sido reconocido oficialmente, fue un año en el que el crecimiento fue menor que en anteriores, y menor que el promedio histórico del país, gracias a la recesión internacional, a la perenne baja competitividad del aparato productivo, y a la pérdida de impulso del gasto público que empujara la economía a ritmos de años anteriores. Esa desaceleración ha sido sentida por la población y debió reflejarse en el empleo y los ingresos laborales.
En respuesta al entorno internacional desfavorable y a la erosión de los ingresos tributarios reales, la administración de gobierno aplicó una política fiscal anti-cíclica, es decir, una que procuró contrarrestar el entorno por la vía de sostener el gasto público, lo cual es lo aconsejable en ese contexto. El endeudamiento interno y externo proveyó recursos complementarios que permitieron gastar más y alcanzar un ritmo de crecimiento económico bajo pero razonable.
En paralelo, logró mantener prudentes niveles de estabilidad de precios, contrapesando la política fiscal con una política monetaria restrictiva que no dudó en elevar las tasas de interés, para quitarle presión a la tasa de cambio y los precios, aunque sacrificó el crecimiento que empujó la política fiscal. En otras palabras, las políticas fiscal y monetaria actuaron en sentido contrario en lo que al crecimiento se refiere, lo cual explica en parte el resultado final.
Por otra parte, fue un año en que la economía mantuvo esa paradójica y negativa característica de crecer sin que ese crecimiento haya tenido un impacto notable en el bienestar de la gente. No hubo signos de cambios relevantes en el tipo de empleo, precario por demás, que el crecimiento ha tendido a generar, ni en los niveles de pobreza. Frente a eso, la política pública hizo poco.
Las políticas de desarrollo productivo, de empleo y las sociales, que son las que inducen a un crecimiento que genere bienestar, han continuado siendo débiles. Por ejemplo, la seguridad social en salud continuó cercenada por la fuerza de los intereses privados y de grupos en desmedro de los y las afiliadas.
En ese ámbito, el Estado no ha defendido con firmeza a la población mientras no pudo expandir significativamente el régimen subsidiado porque decidió no gastar en ello. Por su parte, la política de aumentos de los salarios mínimos continuó a la zaga de la inflación, apenas recuperando parte del poder de compra perdido.
Esto ha implicado un gradual y sostenido deterioro de los salarios reales. Así mismo, la dirección del gasto continuó divorciada de las demandas ciudadanas por un fortalecimiento de la inversión social, haciendo que los logros sociales continúen siendo pobres.
En síntesis, 2011 terminó con un crecimiento bajo pero positivo y con estabilidad, pero la política social en sentido general y las de empleo y de desarrollo productivo continuaron siendo tan precarias e inefectivas como siempre y siguen sin transformar el crecimiento en bienestar y desarrollo de largo plazo.
Desafortunadamente, aunque en principio el endeudamiento de 2010 y 2011 estuvo justificado, éstos son precedidos de un intenso crecimiento de la deuda en años anteriores. El resultado ha sido un nivel y un perfil de la deuda pública total que comprometerá el gasto público en los años por venir. Eso presagia serios problemas fiscales para la segunda mitad de 2012 y 2013.
