Los efectos que sobre millones de hogares han tenido los incrementos de los precios de los alimentos de los últimos años han puesto en grave duda las reglas bajo los cuales opera la producción y distribución de alimentos a nivel mundial. Esas reglas, guiadas por la ideología del libre comercio y los intereses que se benefician de ellas, han ido empujando al mundo hacia una creciente especialización internacional en la que los países con abundantes recursos para la producción de alimentos (por ejemplo tierra) se especializan en su producción y exportación, y aquellos con pocos de esos recursos se especializan en otra cosa e importan lo que necesita.
En ese proceso, las grandes corporaciones que producen y comercian alimentos han incrementado su poder sobre los mercados, al concentrar partes recientes de las compras y las ventas.
Como se ha visto, este ordenamiento deja en una posición muy vulnerable a aquellos países de bajo ingreso que dependen crónicamente de la importación de alimentos y a aquellas familias pobres que son compradoras netas de alimentos, es decir, que compran más alimento de lo que producen.
Frente a esa situación han surgido dos posiciones relativamente extremas. Una, que apuesta por la profundización del ordenamiento actual, propone que se usen esquemas financieros como seguros y compras a futuro para reducir los riesgos.
Desafortunadamente, esto tiene un costo importante que se distribuye inequitativamente porque mientras más pobre y vulnerable se es, mayores son los riesgos y costos, lo que implicaría que la carga del arreglo global recaiga sobre quienes menos pueden.
Pero además, los esquemas financieros sirven en el corto plazo pero no resolverían el problema de una tendencia alcista sostenida en el precio de los alimentos para los países importadores.
La otra posición apuesta por la ruptura de ese ordenamiento y la vuelta a una situación en la que el comercio de alimentos sea mínimo y que cada país produzca los alimentos que consuma.
Ese movimiento hacia la autarquía alimentaria eliminaría los riesgos de los picos de precios pero tendría costos imposibles de pagar por países pobres y de escasos recursos agropecuarios.
Aunque hay casos extremos en los que esto es evidente, tales como las pequeñas islas del Caribe y del Pacífico las cuales no tienen posibilidades materiales de autoabastecerse, en muchos países con territorios y recursos naturales abundantes, los alimentos e insumos alimentarios importados tienen un elevado peso en la oferta total por lo que reducir su comercio implicaría costes muy elevados.
Piénsese, por ejemplo, en un intento por reducir la importación de maíz y trigo en la República Dominicana, para los cuales difícilmente se pueda generar una oferta doméstica a un precio razonable.
Es evidente que esas dos soluciones son insatisfactorias. Una es imposible de pagar y sostener, y la otra profundiza la vulnerabilidad de países y hogares. En ese contexto, las políticas que reduzcan la vulnerabilidad alimentaria no deben partir de recetas preconcebidas sino adaptadas a las circunstancias específicas, a las potencialidades y restricciones productivas, y a las condiciones sociales de los entornos rurales de cada país.
Sin embargo, algunos objetivos generales de éstas podrían ser los siguientes. Primero, las políticas de desarrollo agropecuario deben procurar que el sector sea flexible y tenga capacidad de respuesta frente a las circunstancias de mercado. Fortalecer las capacidades productivas permitiría aprovechar las oportunidades que dan mejores precios y combatir las amenazas al proveer alimentos a menores precios que los internacionales.
Segundo, la situación alimentaria, las condiciones de vida y las potenciales amenazas de las importaciones de alimentos de bajo costo sobre la población rural pobre debe ser un criterio importante, aunque no único, para decidir políticas de comercio de alimentos.
Contrario al credo económico tradicional, pagar alimentos más caros para proteger la población rural pobre debe considerarse como una alternativa de política a ponderarse. La decisión pasa por hacer un ponderado balance de los costos económicos y de consideraciones distributivas y de justicia social.
Tercero, la pequeña producción agropecuaria debe recibir alta prioridad tanto por la vulnerabilidad de la población que depende de ella como por el potencial que tiene de formar parte de la solución a las tensiones alimentarias. Además, mientras más productiva sea esta, menor será el costo de protegerla.
