La República Dominicana cuenta con los recursos naturales necesarios para producir la energía eléctrica suficiente como para depender menos de los combustibles derivados del petróleo, por lo que la Comisión Nacional de Energía (CNE) proyecta que para el 2020 el 25% de la demanda del país será suplida por la generación de energías limpias. Esas proyecciones de la CNE están sustentadas en el avance que ha reflejado el sector de energía renovable en los últimos tres años. El presidente de la CNE, Enrique Ramírez, propuso que para el 2020 la matriz de generación se divida en 40% carbón, 30% gas natural y 25% alternativo y un 5% que puede ser fuel oil o gasoil. Además, sugirió que tomando en cuenta el parque de generación, las plantas actuales, de las que dijo que en un futuro tendrán que salir de funcionamiento por su alto costo y por cuestiones de tecnología, deberán quedarse como plantas de base que servirán de “back up”.
Ramírez, abogado de profesión, por cinco años dirigió la Oficina Nacional de Propiedad Industrial antes de que en 2009 asumiera la presidencia de la CNE. Puntualizó que el país se ha concentrado en cuatro tipos de energías alternativas: la hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa. La eólica tiene un gran potencial en la zona sur, resaltó al conversar ayer con Osvaldo Santana, director de Multimedios del Caribe, y la comunicadora Elisa Mariot.
Explicó que en Juancho, Pedernales, se desarrolló el primer proyecto, de 33 megas. La segunda etapa está en proceso, lo que aportará 52 megas para sumar en diciembre de este año una generación total de 82 megas, agregó el funcionario. Hay otro proyecto en Matafongo, municipio de Baní, que produce 30 megas. “En Azua, Pedernales y Barahona hay mucho potencial. De acuerdo a estudios, el país tiene potencial para producir 1,200 megas a partir de parques eólicos. Esto es algo espectacular”, dijo Ramírez. Tomando en cuenta el consumo actual, si el país produjera a toda capacidad energía eólica cubriría más del 50% de la demanda, pero eso significaría llenar el país de aerogeneradores.
Entre otras inversiones, Ramírez citó los trabajos que se emprenden en la provincia Montecristi, donde hay un proyecto eólico de 50 megas que estará listo a principios de 2013.
En cuanto a la energía a partir de biomasa, subrayó que pretenden que los ayuntamientos que manejan una alta cantidad de residuos sólidos pudieran unirse a empresas extranjeras que tienen la capacidad técnica para hacer ese tipo de proyectos. “Las políticas dirigidas a los municipios es decirles que tienen todas las facilidades al inversionista clave que viene y tiene el potencial de desarrollar los proyectos, facilitarle los permisos, el contrato de compra de energía, que es lo que hace rentable el proyecto”.
Expuso que la traba mayor ha estado en que los ayuntamientos son los dueños de la basura, por lo que no pueden disponer de esos desechos. “La impresión que recibimos de los inversionistas van a los ayuntamientos es que desisten porque consideran que es imposible negociar con los cabildos. La basura para los ayuntamientos es un dolor de cabeza, es un costo recogerla y disponer de ella. Cuando va alguien con acento extranjero, con unos pelos rubios y una piel un poco clara, la basura se convierte en oro”, opinó.
El único proyecto de biomasa corresponde al Consorcio San Pedro-BioEnergy que ya inició sus trabajos en la provincia San Pedro de Macorís. Ramírez explicó que se trata de la unión del grupo Vicini con inversionistas guatemaltecos que tienen el propósito de procesar los bagazos de caña que se producen en el ingenio de San Pedro de Macorís para obtener 25 megas.
Sobre la energía solar, sostuvo que entre marzo y abril iniciará un proyecto en Monte Plata uno de 30 megas y una empresa española desarrollará 50 megas en Montecristi.
Cuando esos proyectos estén terminados aportarán al sistema 300 megas al sistema de ese tipo de energía renovable, sin contar con las hidroeléctricas, de acuerdo a las proyecciones de la CNE. Eso significa que el país se ahorrará en importación aproximadamente 3.5 millones de barriles de petróleo. En cuanto al dióxido de carbono (CO2) se evitaría la emisión de 541,000 toneladas.
En busca de petróleo
Ramírez expuso que en algunas ocasiones se ha explorado la región sur en busca de petróleo y que de esos intentos efectivamente se encontró el combustible, pero de muy mala calidad, comercialmente no explotable.
Destacó que el país no se ha interesado tanto en ahondar en esas investigaciones porque resulta bastante costoso y, además, se necesitaría un marco legal que garantice que esa inversión que se hace se retorne.
Precisamente la existencia de una norma ha sido parte del éxito de la producción de energías renovables en el país. La ley 57-07 que regula ese sector establece una serie de incentivos y exenciones que hace atractiva la inversión. Ramírez apuntó que en cuanto al petróleo hay una ley muy vieja que no llena las expectativas. “Tomando en cuenta que se trata de un costo muy alto que el Gobierno no puede asumir, lo que se impone es una ley de exploración petrolera que ya descansa en el Congreso”, dijo.
La Comisión Nacional de Energía y la Dirección Nacional de Minería junto al diputado Pelegrín Castillo iniciaron una campaña de sensibilización para la aprobación de esa ley. “Aquí lo que se impone es esa ley, para que genere confianza en el inversionista privado y las grandes empresas”, insistió.
Sostuvo que Cuba realizó un estudio en el país en el que resaltaba las posibilidades de que existiese petróleo. La segunda etapa implicaba la inversión de 20 millones de dólares, por lo que se hace necesario que inversionistas grandes se interesen en continuar con la evaluación.
Promoción
Hace cuatro meses la CNE aprobó los reglamentos de Medición Neta y de Generación Distribuida. Para ilustrar lo que significa la medición neta, Ramírez puso el ejemplo de un ciudadano que pone en su casa un sistema fotovoltáico o si vive al lado de un salto de agua, pone una mini hidroeléctrica, como le sobra energía pide que se le instale un contador que mide tanto lo que consume como lo que deja de consumir de lo que está generando su pequeña planta. Eso que no consume se lo vende al Estado. Esos pequeños productores inyectan diariamente a la red 300 kilos.
El de generación distribuida significa que una empresa en vez de tener una planta de gasoil decide instalar una planta de gas natural, como ese combustible es amigable, la generación que la empresa no necesita, puede inyectarla al sistema.
“Con esto buscamos que la gente cambie ese parque de generación que tiene como componente gasoil, fuel oil, que es muy contaminante, vaya a gas natural y tenga la posibilidad de vender energía al sistema y la recuperación de su inversión y por igual lo que es el costo de producción de su fábrica se reduzca”.
Enrique Ramírez opina que el país debe dirigirse en tres vertientes: la exploración petrolera, el desarrollo de las energías renovables y lograr un ahorro y uso eficiente de la energía.
Dice que con un programa de eficiencia energética en el sector público y privado se pudiera ahorrar hasta un 20% de la energía, lo que significaría el ahorro de la instalación de una planta Itabo de 400 megas.
Citó que el plan que se ha implementado en el sector público, durante el periodo de mayo y septiembre del año pasado, registró un ahorro que promedió un 8% esos meses, cuando el presidente Leonel Fernández había dispuesto como meta que se reduzca en un 10% el consumo. “Lo logramos sin ningún tipo de inversión, solo a través de la concienciación”. Sostuvo que tomaron como parámetro a 110 instituciones, con lo que se logró un ahorro de 35 millones de pesos.
