El estrés fiscal y la deuda pública, la falta de empleos, la marginación rural y la pobreza urbana, la falta de seguridad pública, el atolladero eléctrico, y el caos del tránsito y el transporte aparecen como algunos de los problemas más acuciantes para la población y que la nueva administración deberá hacerles frente.
Salvando las secuelas inmediatas de la crisis 2003-2004, son los mismos problemas de hace ocho años. No debe sorprender entonces que empiece tempranamente a reclamarse acciones decididas al respecto, especialmente porque muchos de ellos son deudas de larga data que tiene la élite del país con su gente.
Sin embargo, probablemente el principal reclamo que se les hará al Presidente y a su equipo es que hagan un gobierno decente. El déficit más angustioso en la gestión pública no es el fiscal ni el externo sino el ético e institucional.
Hay quienes dicen que esa carencia es la que explica el alto desbalance en las finanzas del Estado. Pero más allá de la valoración del momento, la falta de un comportamiento ético y apegado a las normas y las leyes vigentes, cuestiones estas que no son necesariamente sinónimas, es uno de los factores causales de la debilidad y la falta de efectividad en las políticas públicas, y más que nada, de la incredulidad del público y falta de legitimidad de los gobiernos. Más de un informe internacional ha evidenciado el impacto negativo de la corrupción, la falta de transparencia y la discrecionalidad en el desarrollo. El desperdicio de recursos, la incertidumbre y la falta de confianza son algunas de las consecuencias más mencionadas.
Hacer un gobierno decente no es sólo respetar las leyes y hacerlas cumplir, tales como la de Contrataciones Públicas. También es tener un comportamiento que se ciña a parámetros éticos mínimos. No todo comportamiento ético está debidamente codificado y esto introduce subjetividad a las valoraciones que se puedan hacer. Además, hay que reconocer que tenemos una cultura política que con frecuencia legitima comportamientos no éticos. A pesar de eso, no sería difícil convenir sobre lo que significa un esfuerzo serio en la dirección de hacer un gobierno honesto.
Estas son algunas ideas: Primero, un gobierno honesto ataca la impunidad. Esto implica por lo menos un presidente que no sea indiferente ante las denuncias de corrupción, pues implicaría complicidad. También implica designar, simultáneamente, a figuras incuestionables en independencia, firmeza y probidad al frente de la Procuraduría General de la República y del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA). Eso, y darles plena autonomía efectiva, sería hacer lo que nunca se ha hecho.
Segundo, un gobierno honesto rinde cuentas. Cada una de las instituciones públicas debe estar obligada a rendir cuentas de manera diáfana y entendible para un público amplio sobre sus objetivos estratégicos, los avances y metas por lograr, y sobre sus gastos y la contratación de personal. Los porqué, quién, cuándo, cuánto, para qué y cómo deben tener respuestas claras, precisas y oportunas. La posibilidad de conocer en tiempo real el estado de cada una de las iniciativas y proyectos financiados con fondos públicos es un derecho ciudadano. Que la ciudadanía participe activamente en todas las fases de las políticas y proyectos también.
Tercero, como se ha prometido, un gobierno honesto debe procurar que el Estado tenga una cuenta única que centralice los pagos y los ingresos. La gran cantidad de cuentas que tienen las instituciones públicas y el manejo discrecional y no estandarizado de ellas contribuyen al uso no regulado de recursos y a la opacidad, caldos de cultivo de la corrupción.
Cuarto, un gobierno honesto evita las expresiones más grotescas y evidentes de indolencia y falta de escrúpulos. Por ejemplo, nombra el número de viceministros y viceministras que dicen las leyes, pone topes a las remuneraciones totales del personal del más alto nivel, y al número de personas contratadas por el servicio exterior, se dota de una política de cumplimiento verificable para la adquisición de vehículos estrictamente utilitarios, y restringe y transparenta los gastos por tarjetas de crédito y de telecomunicaciones.
Honestidad y decencia es lo mínimo que se puede pedir.
