Territorios en movimiento

Es ampliamente conocido que, a pesar de que América Latina ha logrado reducir la pobreza en la última década y media, gracias a una combinación de crecimiento económico y mejores políticas sociales, persisten nive

Es ampliamente conocido que, a pesar de que América Latina ha logrado reducir la pobreza en la última década y media, gracias a una combinación de crecimiento económico y mejores políticas sociales, persisten niveles muy altos de desigualdad. Esto atenta de forma permanente contra la débil cohesión social y reduce el impacto del crecimiento sobre el bienestar general de la población porque los beneficios se concentran en pocas manos.

Generalmente, la desigualdad se piensa entre grupos sociales o de población como asalariados y capitalistas, grupos de nivel de ingreso, grupos étnicos y hombres y mujeres. Sin embargo, una de sus dimensiones menos reconocidas, pero a la vez una de las más intensas, es la territorial. Las personas viven con privaciones no sólo porque no tienen propiedad o instrucción, porque son mujeres, indígenas, afro-descendientes o migrantes, sino también porque viven en un territorio que ofrece pocas oportunidades.

Esa ceguera a la cuestión del territorio se traslada a las políticas, las cuales frecuentemente asumen que es suficiente tener políticas nacionales, por ejemplo, de promoción del desarrollo productivo o de educación sin considerar las capacidades que tienen una provincia o un municipio, su gente y sus empresas para aprovecharlas. Es por ello que unos territorios pueden sacar mucho más provecho de los incentivos y las políticas mientras otros permanecen rezagados.

En ese sentido, ¿qué ha pasado en América Latina? ¿Cuántos territorios se han quedado rezagados y por cuanto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué se puede hacer? Estas preguntas empezaron a ser respondidas por una investigación del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (conocido como RIMISP) en un esfuerzo de cuatro años de investigación sobre las dinámicas del desarrollo territorial en América Latina y sus causas.

Los resultados fueron contundentes. Primero, entre 1990 y mediados de la década pasada, apenas un 13% de los territorios de América Latina, en el que vive un 10% de la población, logró, simultáneamente, crecer, reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Algunos lo hicieron de manera ambientalmente sustentable. En contraste, más de la mitad de la población vive en territorios que no han crecido y no han reducido la desigualdad. Incluso, en muchos hay degradación ambiental.

Segundo, hay cuatro factores, fuertemente enraizados en la región, que determinan que muchos territorios queden entrampados en la pobreza y la exclusión: reglas y arreglos de poder que privilegian el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de unos pocos y excluye al resto; una débil relación entre los territorios y sus emprendimientos y los mercados más amplios y dinámicos; economías de enclave o de pocas empresas cuyos beneficios no se derraman sobre el territorio y su gente sino que se fugan; y relaciones débiles o subordinadas entre los territorios rurales y las ciudades intermedias. A lo anterior se suma relaciones de género que permean las reglas y los comportamientos, que asignan roles específicos a las mujeres, y que con frecuencia las excluyen de los espacios de poder, de las oportunidades y de los beneficios.

La siguiente pregunta es ¿qué hacer? RIMISP propone que aunque hay factores externos a los territorios que pueden contribuir a generar cambios positivos como la legislación nacional, el potencial de cambio más importante está dentro de ellos. Es la acción colectiva de su gente, a través de coaliciones que integren diversos actores con intereses variados (antes que grupos con intereses parecidos), la que puede empezar a cambiar esas reglas excluyentes, a hacer que más personas puedan aprovechar de manera sostenible los recursos naturales, y a que se conecten de manera ventajosa a mercados más amplios.

Esa ha sido una de las claves de ese 13% que creció con equidad y que redujo la pobreza.

En ese contexto, hay dos lecciones para el Estado. Primero, sus políticas tienen que tener enfoque territorial, favoreciendo aquellos rezagados y considerando los efectos diferenciados de sus políticas. Segundo, en vez de aliarse con sectores poderosos, como es común, debe facilitar la construcción de actores colectivos, proveyendo incentivos para que la gente se organice y construya sus propios proyectos y espacios, con sus propios arreglos, objetivos y programas. Esa es la clave para poner en movimiento los territorios.

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