La idea principal del proyecto de ley que pretende prohibir por 10 años el comercio y la exportación de desperdicios metálicos y chatarras no es nueva.El diputado proponente, Carlos Gabriel García, la observó aplicada con éxito en El Salvador, Bahamas y Guatemala antes de elaborar la iniciativa que en estos momentos está bajo el estudio de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, que preside el también legislador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Alberto Atallah.
La prohibición de las exportaciones se encuentra en el artículo 3, y exceptúa a las personas jurídicas que exporten los desperdicios metálicos procedentes de sus propios procesos industriales y se encuentren registradas de acuerdo a las disposiciones establecidas en el documento legal. Estas mismas personas jurídicas no podrían, bajo ninguna circunstancia, recibir residuos de metal de terceros.
En el artículo 17 se establecen las infracciones, sanciones y penalidades: se califica como robo agravado, y se sanciona con las penas de 5 a 20 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos el hecho de sustraer piezas, materiales u objetos ferrosos y no ferrosos de estructuras metálicas públicas o privadas sin importar el estado físico o funcional en el que éstas se encuentren.
La persona que almacene, transporte o procese desperdicios de metales sin contar con el debido registro de las autoridades sería sancionada con confiscaciones o decomiso del producto, los bienes, objetos, y los haberes procedentes directa o indirectamente de la infracción, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Quien incurra en la falta anterior además podría ser considerado como traficante y comerciante de materiales tenidos como sensibles para la economía y la seguridad nacional.
Para las empresas regulares que deseen exportar sus propios desperdicios metálicos el documento legislativo crea un “Registro Nacional para el Comercio y la Exportación de desperdicios de metales, chatarras, y desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones”, el cual estará adscrito al Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD). En el caso de las zonas francas, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación se encargará de hacer las documentaciones de lugar.
En el artículo 10, además, se describen los procesos que los exportadores habilitados tendrían que agotar. Primero, estarían dispuestas a recibir, sin previo anuncio, a los inspectores del CEI-RD o del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, según sea el caso. La Dirección General de Aduanas (DGA) también tendría facultad para realizar visitas periódicas a los depósitos de los desperdicios metálicos y chatarras, así como a los contenedores dispuestos en puertos, aeropuertos, camiones u otros medios de transporte.
“Los vehículos que transporten desperdicios de metales deberán tener una factura o conduce que acredite de dónde proviene la mercancía transportada, el propietario y el destinatario de la misma; así como los datos del vehículo en el que la misma es transportada. En tal sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán verificar en los retenes y las vías públicas el cumplimiento de esta ley”, destaca el material en el artículo 13.
El diputado Carlos Gabriel García, luego de recibir el respaldo de decenas de miembros de las diferentes bancadas de la Cámara Baja, dijo que está confiado en que el “Proyecto de ley para el comercio y la exportación de desperdicios de metales, chatarras y otros desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones” será debatido antes del 16 de agosto, que es cuando se termina la presente legislatura.
Roban a estatua de Gregorio Luperón
Los ladrones de metales siguen haciendo de las suyas. De las quince letras de bronce que forman el nombre del héroe de la Restauración, Gregorio Luperón, sólo tres permanecen incrustadas en la estatua ubicada en la avenida Padre Castellanos con Pedro Livio Cedeño.
La figura, situada en la isleta frecuentada por niños limpiavidrios, vendedores de periódicos y policías del tránsito, muestra un avanzado deterioro pese al poco tiempo de su colocación en el pequeño parque, frente a una de las estaciones de la segunda línea del Metro.
La estatua también ha comenzado a decascararse, principalmente en la zona baja que ha perdido parte del revestimiento de bronce, no se sabe si por intervención de manos vandálicas o por la mala calidad del material. Julio César Morillo, dirigente comunitario del ensanche Luperón, afirmó que es preocupante el deterioro de la efigie y pone en evidencia la delincuencia que arropa el sector.
Relacionan negocio con robo de estructuras
En las consideraciones de su proyecto de ley, el diputado Carlos Gabriel García afirma que el incremento de las operaciones comerciales de las metaleras ha generado una alarmante actividad delictiva en todo el territorio nacional, que se expresa en el robo permanente de los metales utilizados en la infraestructura pública y privada del país. Agrega que como resultado de ese comercio ilegal se ha estimulado el robo, tráfico y comercialización de los cables.
