Crónica de un presupuesto anunciado

Lo del presupuesto complementario era “crónica de una historia anunciada”. La recurrente práctica de subvaluar el subsidio…

Lo del presupuesto complementario era “crónica de una historia anunciada”. La recurrente práctica de subvaluar el subsidio al sector eléctrico lo hacía totalmente predecible. El gobierno argumenta al menos dos razones más: un aumento del financiamiento automático de PetroCaribe, e ingresos tributarios menores a los programados. Pero en ambos casos hay razones para pensar que tampoco éstos se trataron de  imprevistos. Si el subsidio eléctrico fue subvaluado en parte debido a una subestimación de los precios del petróleo, era esperable que la estimación del financiamiento de PetroCaribe, cuyo monto depende del precio del petróleo, también estuviese subvaluada. Igualmente, la estimación de un monto de ingresos tributarios menores a los razonablemente esperables era otra obviedad.

Lo que no argumenta el Gobierno para justificar dicho presupuesto, pero que es evidente para todo el mundo y no necesita razonamientos técnicos, es el aumento del gasto en inversión pública en los primeros meses del año hasta niveles claramente imprudentes. Aunque en elecciones pasadas, el aumento del gasto en los meses pre-electorales no lograba “desguañangar” el año completo y en ocasiones se combinó con otros eventos para elevar el déficit, en este año el fenómeno está “haciendo historia”.

Pero esto no es lo único innovador. Mientras presupuestos complementarios anteriores incluyeron recortes de gasto para financiar el déficit del sector eléctrico, en esta ocasión casi todo el paquete es para obtener nuevos financiamientos, sin que haya señal alguna de que una moderación del gasto será parte del paquete para cerrar las cuentas fiscales. Como si no hubiese cuentas por pagar después de agosto.

Más aún, en su versión original, la propuesta de presupuesto complementario incorporó autorizaciones de nuevas operaciones de crédito público por cerca de US$1,600 millones, en su mayoría para proyectos de infraestructura. Más allá de lo insólito y hasta sospechoso de intentar comprometer a una administración entrante con proyectos y compromisos de esa envergadura, la propuesta prometía mantener un insensato ritmo de gastos y acelerar el endeudamiento. Bajo determinadas condiciones, el déficit fiscal y una política activa de gasto público son instrumentos legítimos y saludables para sostener la demanda agregada y el crecimiento, pero el panorama descrito arriba difícilmente se asocia a esa lógica.

Hay que reconocer que frente a los hechos consumados (un fuerte incremento en el déficit durante la primera mitad del año), parte de un proceso de ajuste fiscal razonable debe incluir nuevo financiamiento. No hacerlo obligaría a una brutal reducción del gasto público que todos y todas pagaríamos con apagones, con un descalabro de la inversión pública y de servicios sociales, y/o con una caída aún mayor del crecimiento y del empleo. Pero buscar la solución casi exclusivamente pidiendo prestado dentro y fuera del país, como si el aumento del gasto y del déficit se tratase simplemente de imprevisiones presupuestarias y de montos moderados, es poco responsable y poco solidario.

En adición a lo anterior, el proyecto de ley tiene serias deficiencias. Primero, las cifras de asignaciones presupuestarias y de nuevo financiamiento no cuadran. Segundo, privilegia un endeudamiento interno que es más costoso que el externo.  Tercero, nueva vez, no fortalece el gasto en inversión social. De los RD$51 mil millones que asigna a instituciones, cerca de RD$21 mil millones son para el Ministerio de Obras Públicas, unos RD$8 mil millones son para la Presidencia de la República y el resto se distribuye en partidas menores para otras instituciones. Cuarto, no especifica en qué se van a gastar los montos asignados. Es una obligación legal desglosar los programas específicos a ser financiados, requisito que no cumple el proyecto de ley.

En síntesis, el proyecto de presupuesto complementario es el resultado previsible de un ejercicio presupuestario irresponsable que subvaluó o sobrevaluó partidas clave para cuadrar una propuesta irrealizable, y de una política de gasto que rebasó los límites de la prudencia. Pero además, como respuesta técnica es muy deficiente, y como respuesta de política es inconsecuente. Finalmente, le hace un muy flaco servicio al próximo gobierno que busca lograr un pacto fiscal con la sociedad porque ahonda la desconfianza de la opinión pública con respecto al Estado y al gobierno. Ese presupuesto no es el que la gente espera y está lejos de ser el mejor posible.

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