La semana pasada, el gobierno dominicano anunció que se había logrado un acuerdo entre distintas instituciones del Estado para la adopción de una única metodología oficial de estimación de la incidencia de la pobreza monetaria en el país.

Con ésta se miden varias cosas. Primero, cuánto dinero requeriría un hogar de tamaño medio, rural y urbano, para adquirir una canasta básica que le permita llevar una vida mínimamente digna y saludable. A esto se le llama “línea de pobreza”. También se valora el costo de una canasta alimentaria básica, la cual define la “línea de pobreza extrema o indigencia”. Segundo, cuántos hogares y personas reciben ingresos por encima y por debajo de estas líneas. Esto es lo que permite estimar el porcentaje de hogares y población en pobreza y en pobreza extrema o indigencia. De allí que para estimar el cambio en la incidencia de la pobreza de un momento a otro, se necesita saber cómo cambiaron los precios de la canasta y los ingresos de los hogares. El cambio en los precios está disponible todos los meses en las estadísticas que miden la inflación. Por su parte, los ingresos de los hogares se miden dos veces al año, en abril y octubre, a través de la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central.

Hasta antes de estos acuerdos, el país contaba con varias líneas de pobreza y diversas mediciones, las cuales diferían en el porcentaje total de población pobre e indigente porque partían de canastas de bienes y servicios distintas. Por ejemplo, la de la CEPAL era más amplia y de mayor costo que la del Banco Mundial-BID, lo que resultaba en un porcentaje más elevado de población pobre.

A pesar de esas diferencias, las estimaciones derivadas se comportaban de manera similar en el tiempo porque los datos del cambio en el precio de la canasta y de los ingresos de los hogares eran los mismos. En todos los casos, la pobreza fue estable entre 2000 y 2002, se incrementó significativamente con la crisis de los fraudes bancarios de 2003-2004, se redujo entre 2005 y 2007 con la recuperación de la estabilidad y el crecimiento, y a partir de 2007 hasta 2011 se muestra una reducción muy lenta. En todas las estimaciones, el nivel de pobreza de finales de la década pasada es notablemente superior al visto antes de las quiebras bancarias, a pesar de que la producción de riqueza es significativamente superior. Esto apoya la idea de que los principales beneficiarios del crecimiento no fueron la población en general y la gente común.

La nueva estimación es una buena noticia y un avance por dos razones. Primero porque se logró una metodología más eficaz derivada de una canasta más realista a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2006-2007. Segundo, porque finalmente existe una línea y una estimación oficial acordada por actores gubernamentales y no gubernamentales, y organismos internacionales, y sobre la que deberá haber pocas controversias. El resultado sitúa la incidencia de la pobreza general entre 2010 y 2011 en 40.7% ó 4 millones de personas que no recibían suficiente ingreso como para llevar una vida digna, mientras la pobreza extrema se estimó en 10.3% o un millón de personas que no recibía lo suficiente como para comer adecuadamente. Esto complace a los escépticos, quienes dudaban de la cifra más usada por el gobierno que ubicaba la pobreza general en 33%.

De cualquier manera, vale el siguiente consejo: no se conforme con esos números. Al final, aunque la estimación los diferencie, alguien que gane dos pesos por debajo de la línea de pobreza es tan pobre como quien gane dos pesos por encima. Además, estos resultados nos hablan de lo que sería posible hacer con el ingreso (como comprar una canasta básica) pero no de lo que realmente es.

De allí que haya que recurrir a otros métodos complementarios como el consumo efectivo de los hogares, o la calidad de la vivienda y los servicios a los que se tiene acceso. El ingreso es sólo una de las dimensiones de la pobreza. Las privaciones y la exclusión tienen muchas otras caras que merecen miradas detenidas.