No hay dudas de que la situación fiscal es dramáticamente difícil, pero el déficit con que cerrará este año, ilegítimo por demás, no es la causa fundamental. Después de todo, con la modificación presupuestaria de mediados de año, éste se logrará financiar, al menos en su mayor parte, y el costo se repartirá en los próximos años. Además, el nivel de gasto total de 2012 no se repetirá porque no habrá elecciones.
Entonces, ¿por qué existe tanta preocupación con respecto al presupuesto de 2013? Hay al menos cuatro buenas razones. Primero, porque los pagos por deuda pública aumentarán en más de RD$25 mil millones o casi un 1% del PIB. Segundo, porque el subsidio eléctrico deberá transparentarse plenamente en el presupuesto de 2013. Se acabó el espacio para las mentiras presupuestarias. Esto implica presupuestar al menos RD$20 mil millones más que en los últimos años o cerca de 0.7% del PIB. Tercero, porque deberá de incrementar el gasto en educación pre-universitaria en unos RD$26 mil millones o cerca de otro punto porcentual de PIB. Sólo por esos tres conceptos, el esfuerzo fiscal sería de más de RD$71 mil millones ó 2.6% del PIB. Cuarto, porque parte del paquete tributario aprobado a fines de 2011 cesará, lo que reducirá, si bien modestamente, los ingresos públicos.
Hagamos el siguiente ejercicio: supongamos que “poniendo el oído en el corazón del pueblo”, el Gobierno someta un presupuesto sin imponer nuevas cargas impositivas a la carrera, que proyecte sus ingresos en un nivel similar a los que terminará siendo en 2012, sólo ajustado por la inflación y el modesto crecimiento económico que se espera, y que presupueste su gasto total, antes de los nuevos pagos de deuda mencionados y sin considerar el verdadero subsidio eléctrico, en un monto exactamente igual al presupuestado para 2012, es decir, por unos RD$430 mil millones. Sólo esto supondría un déficit del sector público no financiero de casi RD$79 mil millones o un 2.8% del PIB. Esto, en principio, habría que financiarlo con nueva deuda.
Pero si a ese déficit se le suman las cargas arriba mencionadas, es decir, los nuevos compromisos de deuda, el gasto acrecentado en educación y el subsidio eléctrico, el esfuerzo fiscal declarado alcanzaría un monto equivalente a 5.4% del PIB. En otras palabras, ya sea por la vía del ahorro, de la reorientación del gasto, del endeudamiento o de nuevos recursos por la vía impositiva, el gobierno deberá movilizar más de RD$150 mil millones. Esa es una cifra impresionante.
Los únicos potenciales alivios a la vista para las cuentas del gobierno, diferentes a un paquete tributario, son un aumento de la tarifa eléctrica que reduzca el subsidio, y una modificación a la ley de recapitalización del Banco Central que reduzca el monto pagado por el gobierno por los bonos emitidos para ese fin. Si una modificación de este tipo reduce, por ejemplo, a la mitad los compromisos del gobierno con el Banco Central para 2013, el ahorro podría ser de unos RD$15 a RD$17 mil millones ó 0.6% del PIB, dejando el esfuerzo final quizás en 4.8% del PIB. Podría ser razonable que el gobierno consiguiese nuevo financiamiento para 2013 por unos US$1,500 millones (RD$ 60 mil millones ó 2.2% del PIB), algo que un acuerdo con el FMI facilitaría, aunque no sin condiciones. Pero aún obteniéndolo, todavía necesitaría movilizar vía ahorro, reorientación de gastos o impuestos un total de RD$78 mil millones ó 2.8% del PIB. En algo ayudaría reorientar la inversión hacia la construcción de aulas para contribuir con la meta del gasto en educación, pero no mucho.
El Presidente tendrá que decidir. Si pacta con el Fondo Monetario Internacional para facilitar el financiamiento, la condición podría ser un apresurado paquete impositivo que nadie quiere. La alternativa a nuevos impuestos es la contracción fiscal. La cuestión es qué o a quién sacrifica: si la racionalización del gasto y el fortalecimiento de la inversión social o las raciones de los aliados políticos. La sociedad tiene su opción clara. Ojalá el Presidente coincida. Si no es el caso, el descontento será generalizado y el desgaste político acelerado.
