TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — A las puertas de la morgue Luis Membreño se encuentra a espaldas de la calle. Se tapa la cara con una mano y llora desconsolado por su hermano Marvin, de 19 años, quien murió asesinado de tres disparos horas antes. Se duele de su suerte en medio de un notorio desamparo: carga una bolsa de plástico con algo de comida y no sabe si va a tener que dormir en la calle esa noche por la escasez de vivir de las botellas que recoge.
A pocos pasos, a la intemperie y braveando el sol canicular, la familia de Marco Almendárez, guardia de seguridad y la de José Jamaca, ambos asesinados a tiros, permanecen sentados en una banca al amparo de la sombra de los árboles.
Las tres familias comparten la incertidumbre de no saber si van a poder comprar un ataúd para poder sacar a su ser querido de la morgue y evitar que sea enterrado en una fosa común. Pero cifran sus esperanzas en reconocidos políticos hondureños quienes, a diferencia de sus colegas que en otros países que regalan tarjetas para ir al supermercado o dinero en efectivo, donan ataúdes y pagan los gastos funerarios de los más pobres.
Así, en un país donde el 40% de la población vive con menos de 1,25 dólares al día y que ostenta el primer lugar en homicidios per cápita del mundo, con una tasa de 91 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la muerte se ha convertido en una competida arena política agenciada a través de una serie de figuras y malabares, amparados por la ley, que nutren y refuerzan una cultura política basada en los favores otorgados a una clientela de votantes.
Los políticos han creado fundaciones de caridad y ellos, o sus copartidarios y aliados políticos, a su vez, aprueban presupuestos y programas públicos destinados a esas entidades sin ánimo de lucro para que regalen féretros, sufraguen el transporte de cadáveres y paguen el café, los refrescos y la comida que se sirven durante los velatorios y hasta las sábanas para cubrir el cuerpo del difunto en un ataúd.
Pese a que todo el dinero que financia estas fundaciones proviene del erario público no existe una reglamentación específica que determine quienes deberían ser los beneficiarios de los ataúdes, el café, el transporte del cuerpo o los refrescos.
La idea «no surge por la ola de criminalidad que afecta a Honduras sino como parte de la campaña política de Ricardo Álvarez, para apoyar los barrios más humildes», dijo Nilvia Castillo, gerente de un programa llamado la «Funeraria del Pueblo» a The Associated Press.
Este proyecto es financiado por el Ayuntamiento de Tegucigalpa, una urbe de casi dos millones de habitantes. Fue creado poco después de que el alcalde Ricardo Álvarez (2006-2012) iniciara su mandato y su sede funciona en un modesto local ubicado en Comayagüela, un céntrico y popular barrio de la ciudad, que sirve al mismo tiempo de sala de velación, sitio de oración, depósito de ataúdes y oficina administrativa.
La gerente Castillo le mostró a la AP las cifras del programa que ciertamente certifican su popularidad. «Si en el primer año, 2006, se entregaron 374 ataúdes, ahora hemos multiplicado la cifra por cuatro», dijo. «Si Ricardo Álvarez se convirtiera en Presidente de Honduras, lo extendería (el programa) a todo el territorio, estoy segura».
El traslado de un cadáver fuera de la capital cuesta unos 500 dólares en promedio y un féretro unos 125.
El presupuesto asignado a la «Funeraria del Pueblo» en 2012 fue de unos 230.000 dólares que sirven para pagar los gastos del local, comprar los féretros, el transporte, los cafés, la comida de los velatorios, las sábanas y los salarios de los funcionarios», dijo Castillo a la AP. En ocasiones «tenemos que cambiar de suministrador (de ataúdes) porque les quedamos mal por las deudas que no pagamos».
Álvarez podría ser el próximo candidato presidencial del partido oficialista Partido Nacional del presidente Porfirio Lobo si derrota en las elecciones primarias de ese Partido al Presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, quien proveyó el dinero del presupuesto del Congreso a un programa del diputado Renán Ineztroza, que también regala de ataúdes.
A diferencia de la «Funeraria del Pueblo», la fundación de Ineztroza ofrece, además del ataúd, el traslado del cadáver a cualquier rincón del país. Ninguno de los proyectos tiene una reglamentación aprobada por autoridad alguna que establezca qué requisitos que deben cumplir los favorecidos.
Ineztroza dijo a la AP que él elije «al más pobre. A ojo, se nota en la forma de vestir, en la forma de hablar. Lo único que nos preocupa es que a veces hay dos o tres muertos y un solo vehículo, hay que hacer esperar o dejar a alguien en tierra».
«El presidente del Congreso Nacional (Juan Orlando Hernández) y yo nos dimos cuenta en una visita a la morgue que muchas familias tenían que dejar los cadáveres de sus allegados en la morgue por falta de dinero», dijo Ineztroza a la AP. «Eso dejaba muchos cuerpos condenados a terminar en una fosa común, que se abría antes cada tres meses y ahora cada mes. Se hizo fácil conseguir el dinero gracias a Juan Orlando Hernández».
A mayo de 2012, el Congreso había destinado 127.000 dólares a este proyecto así: unos 76.000 para gastos y unos 51.000 para la compra de ataúdes.
Honduras ocupa la posición 80 de entre 94 países investigados en transparencia presupuestal, según un estudio del International Budget Partnership, una ONG internacional.
«La ejecución de gasto público no está entre las tareas encomendadas por la Constitución al Congreso», dijo Melisa Elvir, coordinadora de la unidad de transparencia de la Fundación Democracia sin fronteras, financiada por la Unión Europea y el National Endowment for Democracy, que monitorea desde 2006 el trabajo del Congreso. «Los diputados van a la relección, el momento en que entregan los bienes sociales se mencionan los nombres de los diputados que realizan la entrega, la acusación que podría realizarse es que se trata de fondos que permiten la existencia de favores clientelares con el objetivo de ganar votos en la sociedad».
La familia de José Jamaca no recibirá un ataúd de la «Funeraria del Pueblo» sino del candidato a la alcaldía Tito Asfura, otro veterano político y empresario de la construcción que también es miembro del partido oficialista.
«Tito Asfura lo hace mejor que Ricardo Álvarez, él no pregunta ni pide llevar papeles, incluso da el dinero para la gasolina y a veces la comida», dice Felipe León, amigo de Jamaca y quien llevará su cuerpo al cementerio.
Felipe Cruz, otro funcionario de la «Funeraria del Pueblo», explicó a la AP que, en realidad, la iniciativa de Asfura y de Álvarez es la misma. «Ellos trabajan juntos y cuando se nos acaban los ataúdes, los pone Tito», dijo.
La AP intentó varias veces comunicarse con el candidato Asfura para conocer el origen de los dineros con los que compra los ataúdes pero no respondió a múltiples llamadas y visitas a sus oficinas.
«Los únicos papeles necesarios para acceder a la funeraria del pueblo son el certificado de defunción y el documento de identidad del solicitante», dice la gerente Castillo. «El único requisito, en realidad, es que quien lo solicite, sea habitante de la capital».
El programa del alcalde Álvarez y del candidato Asfura no cubren las necesidades de la familia de Almendárez. Ellos necesitan que el cuerpo sea trasladado a Comayagua, a dos horas de la capital, y esperan ser incluidos en el proyecto del diputado Ineztroza.
«Se mantiene un vehículo de doble cabina con paila en la morgue de Tegucigalpa y otra en la de San Pedro Sula, sin horario, con piloto y ayudante», dijo el diputado Ineztroza a la AP.
«Llevamos todo el día esperando y como es viernes tenemos miedo de que no llegue el vehículo y nos hagan esperar hasta el lunes», dijo a la AP Wendy Almendárez, viuda del guardia de seguridad.
A las víctimas poco les importa la política o quien esté detrás de la ayuda pero Elihud Cruz, amigo de Almendárez y que acompaña a la viuda, dice que «esta familia está en cero, rodeada de problemas y necesidades, sin el ataúd y el transporte que les dará el Presidente del Congreso, tendrían que dejar el cadáver en la morgue y regresarse a su casa sin él. ¿Cómo no van a estar agradecidos?».
Ineztroza no cree que «haya política ni electoralismo detrás de la ayuda a los pobres». Sólo «voluntad de ayudar y servir». La AP también intentó hablar con el alcalde Álvarez pero no respondió a múltiples solicitudes de entrevista.
José Gutiérrez, empleado de la Funeraria Santa Rita, aledaña al edificio de la morgue, se queja de la competencia desleal que los políticos le hacen a su negocio. «Nosotros somos vendedores, por supuesto, pero tenemos nuestro corazón… ante familias muy pobres, que no pueden pagar, llamamos (para darles un ataúd gratuito) pero no nos hacen caso».
Al costo del ataúd «hay que sumarle el transporte, la levantada de tumba y la parcela», dice la gerente Castillo. «Todo el servicio en una funeraria privada, la más barata, con velorio incluido puede ascender a 20.000 lempiras (unos 1.000 dólares). El salario mínimo en Honduras es de… unos 300 dólares al mes. Nosotros damos el servicio gratis, cientos de servicios al año».
Johnny Osorio lleva cinco años entregando ataúdes en la puerta de la morgue. Luego los lleva al lugar donde se hará el funeral y al día siguiente, lleva el cuerpo al cementerio. Condujo casi una hora por calles sin asfaltar para llevar el cadáver de Marvin Membreño a una de las colonias más marginadas de Tegucigalpa conocida como Villafranca. Allí, en la iglesia evangélica Príncipe de la Paz, dejó el cadáver.
Sólo dos vecinas y dos hermanos, Pablo, de 13 años, y Luis, de 14, velan el cuerpo ante los gritos desgarradores de la madre, que ni siquiera puede tenerse en pie. Osorio, discretamente, le da pésame a la mujer y se despide no sin antes concertar una cita para pasar a recoger el ataúd al día siguiente.
Horas después, funcionarios del Ministerio Público encargados de la morgue, abrumados por la cantidad de cadáveres que desborda de lejos la capacidad de almacenamiento del lugar y la cantidad de cuerpos que nadie reclama, se vieron obligados a enterrar 25 cuerpos en una fosa común del cementerio municipal; una escena más propia de una guerra.
«Puede ser porque se han desentendido (los familiares de los cuerpos), porque no han sido informados del fallecimiento o porque no tienen dinero para hacerse cargo de los costes», dice el portavoz Marvin Duarte. «Es la tercera vez que tenemos que hacerlo en un mes… En julio fue aún peor, teníamos 85 cadáveres sin recoger. No sólo está saturado el frigorífico, ya tampoco queda espacio en el cementerio».
