Un juez del Distrito Nacional conoció este jueves medidas de coerción a una pareja que se acusaba mutuamente de haber ejercido violencia contra el otro. En un caso inusual Ramón Rojas, querellante, al estar frente al tribunal imploró al magistrado José Alejandro Vargas, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente, que dejara en libertad a la madre de su cría.
Visiblemente compungido y a punto de llorar decía que él la amaba y que estaba arrepentido de que el caso llegara hasta la corte, porque solo pretendía asustarla. Justificó la agresión que dijo le hacía Lidisi Maciel Woodley porque señala era producto de los celos.
Al presentar la solicitud de medida de coerción del caso, el fiscal Moisis Cordones narró que el ciudadano se presentó a la Fiscalía y denunció que estando frente a la señora le sonó el celular, esta le preguntó que quien le llamaba intentó arrebatarle el aparato, lo persiguió y le agredió con una sevillana. De su lado, la imputada dijo que hace días su hijo estaba enfermo y él (Rojas) al parecer no le daba importancia, lo que la molesto.
Escuchadas las partes el juez otorgó a la imputada la libertad tras el pago de una fianza de RD$100 mil pesos, también emitió una orden de protección a favor del querellante.
Como si se tratara de un cuento de ciencia ficción, concluida la vista, el magistrado pidió al querellante sentarse en la barra de los acusados, y procedió a conocer la medida de coerción, que con similar argumento pero al revés, había solicitado el Ministerio Público contra Rojas, tras una querella que su pareja interpuso porque según narró en una discusión este la agarró por el cuello intentando golpearla, ella se zafó buscó un cuchillo y le “tiró en una pierna provocándole una herida”, el ahora imputado le quitó el cuchillo y con un candado la golpeó en la frente.
Tras escuchar el testimonio de las partes, el juzgador otorgó la libertad pura y simple a Rojas.
En este caso, ambos procesados fueron a la fiscalía, dieron su versión de los hechos y acusaron a la otra parte de la situación, el ministerio público quien tiene a su cargo la investigación, solicito medidas de coerción en contra de ambos en expedientes separados.
El hecho se produjo el pasado 14 de este mes en el Ensanche Espaillat del Distrito Nacional. En ambos casos las partes presentaron un desistimiento de la querella.
