Las 47 familias desalojadas de un solar que ocupaban ilegal en Gazcue se disponían ayer a realizar la distribución del terreno concedido por el Gobierno para vivir. A cada cabeza de familia le corresponde un espacio de 120 metros cuadrado, de un solar de unos 8,600 metros, sin embargo, en la tarde de ayer todavía no encontraban el mecanismo a utilizar para asignar los solares, pues todos quieren la parte frontal del terreno.
Unos sugieren que lo rifen, y otros que dicen que se privilegie a quienes tienen negocios.
Aunque todavía no están conformes con la decisión de llevarlos a un lugar que consideran desolado y lejos, las personas aceptaron el terreno, ubicado a unos 650 metros de la autopista Las Américas y a dos kilómetros del poblado de Boca Chica, que fue acondicionado por el Gobierno y electrificado por Edeeste.
“Yo prefiero volver a Neiba antes que vivir en este monte, lejos, sin transporte, sin escuela para nuestros hijos. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en el centro de la ciudad, con todos los servicios disponibles”, se quejó Marisol Then, una de las desalojadas que ayer visitó el lugar donde vivirán de ahora en adelante.
Ayer Nelson Rosario, director de la Unidad Antinarcótico de la Policía Nacional, acudió al terreno en representación del jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, quien ha fungido como mediador del Gobierno con los desalojados.
Rosario compartió con la comisión que representa a las familias afectadas, que ahora mismo residen en casas de familiares y amigos, quienes aprovecharon para medir los solares y elegir la parte donde les gustaría ubicarse. José Luis Martínez, afectado con el desalojo, dijo que no están contentos con el terreno ni el lugar, pero que no tienen elección y pidió a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, que los ayude con los materiales para levantar una vivienda digna.
