Nuestro Estado no sólo es mucho más grande de lo que debería, sino que es más costoso que el de muchos países ricos, cuando comparamos los gastos que representan diversas instituciones públicas nuestras y los beneficios recibidos por quienes las dirigen.
Sin embargo, a pesar de lo mucho que nos cuesta, muchas veces nuestro Estado no defiende bien sus intereses y nos busca problemas. Por eso generalmente los litigios en que está involucrado o alguna de sus entidades, se pierden por una mala defensa de sus intereses y peor aún, en ocasiones simplemente por falta de defensa o por no ejercer los recursos a su disposición para atacar la decisión condenatoria.
De igual forma, los contratos que suscriben el Estado y sus distintos organismos muchas veces hacen pensar que nadie veló por cuidar sus intereses. Lo sorprendente es que en vez de exigir consecuencias para aquellos malos funcionarios que han suscrito contratos lesivos al interés público, incluso muchas veces en violación a las leyes y sin la debida autorización para su firma del Poder Ejecutivo, la sociedad ha aceptado la demagogia promovida por los mismos políticos de exigir la revisión de los contratos aunque hayan sido conocidos y ratificados por el propio Congreso, sin medir las consecuencias para el clima de negocios.
Tanto se ha abusado de pedir que se revisen los contratos con los generadores privados de energía, que se banalizó el concepto y nadie cree en esto. Si el Estado entiende que debe entrar en un proceso de negociación debe hacerlo de manera firme y responsable, respetando el mutuo acuerdo y creando las condiciones para que su contraparte acepte la modificación.
Lo peor es que como no existe el temor de ser castigado por la mala administración del Estado y la no defensa de sus intereses, se siguen produciendo situaciones que perjudican el interés nacional y por ende a todos los contribuyentes.
Es el caso de distintos contratos para la construcción de carreteras en el país, los cuales contemplan proyecciones sobre estimadas de tráfico y que por tanto en adición a los altos peajes que pagan los vehículos que transitan, el Estado debe compensar a las empresas constructoras por las sumas no devengadas por éstas.
Por eso la Ley de Presupuesto contempla un subsidio al peaje Santo Domingo-Samaná de 1,339 millones de pesos, que no es más que un peaje sombra que resulta de una mala estimación o de una estimación amañada, y este no es el único.
Si de verdad queremos que este país avance, lo primero que tenemos que hacer es que lo dirijan no solo personas que posean las capacidades, sino que estén sometidas a la ley y sientan el temor de que si no hacen bien las cosas pagarán las consecuencias.
Esa será la única forma de que la defensa del Estado deje de estar en malas manos y que sus intereses, que son los de todos, sean defendidos y no sacrificados para beneficio de un puñado de corruptos.
