Después de años de desidia y de un ostensible rezago productivo en el sector, la administración de Danilo Medina ha empezado a darle un giro a las políticas hacia la agropecuaria, y ha mostrado mucho mayor interés en su desempeño.
Hasta el momento, las acciones que han marcado la pauta han sido un aumento en el financiamiento público, el saneamiento de los mecanismos para las importaciones agrícolas, la extensión del seguro agropecuario contra desastres, y una mayor atención a algunos rubros de producción. También, aunque el financiamiento presupuestario es aún insuficiente, el sensible incremento que experimentará en 2013 refleja una nueva postura.
El cambio era ampliamente anhelado y está creando en lo inmediato una subjetividad positiva en los actores del sector con respecto al Estado y las políticas sectoriales, y a mediano plazo es probable que se vean resultados concretos.
A pesar de eso, y en ánimo de ofrecer una crítica constructiva, la política continúa tendiendo un enfoque marcadamente sectorial y agrarista antes que rural. ¿Qué significa esto y que implicaciones tiene? Al menos tres.
Primero, se preocupa mucho más por el sector de actividad que por la gente. En otras palabras, tiene un enfoque economicista porque se propone esencialmente aumentar la producción, la productividad y la rentabilidad, prestando poca atención al bienestar de las personas. Aunque el fortalecimiento de las capacidades productivas es una pieza clave del desarrollo, es una insuficiente y se requieren de otras para lograr expandir de manera sostenida las oportunidades de las personas en el entorno rural. Ese sesgo no es de extrañar pues ha sido el enfoque que ha predominado por décadas, y que ha marcado profundamente la perspectiva y cultura institucional en el Estado y en el sector.
Segundo, por lo anterior, pone poco énfasis en el desarrollo rural integral, entendido como el proceso sostenido de expansión de las capacidades de las personas que viven en el ámbito rural. Es por ello que no presta la debida atención y no articula el estímulo a las capacidades productivas a temas como los servicios sociales, el manejo de los recursos naturales, la cultura y las organizaciones rurales, elementos claves para un auténtico desarrollo.
Tercero, tiende a tratar a las unidades productivas de forma homogénea. En particular, no hace suficiente diferencia entre las empresas agrícolas, sean grandes o pequeñas, y la agricultura familiar campesina. Mientras las primeras, como su nombre lo indica, son empresas que se “implantan” en los territorios como parte de alguna cadena de abastecimiento, y su desempeño depende de los recursos que maneje, la agricultura campesina está muy condicionada por el entorno cultural y familiar porque depende del trabajo familiar y de la capacidad de aprendizaje de sus miembros, tiene severas restricciones para acceder a los recursos como tierra y crédito, se inserta de forma muy desventajosa en las cadenas de aprovisionamiento, recibiendo migajas por su aporte, y las posibilidades de romper esa trampa dependen en parte de su capacidad de asociación y de acción colectiva, lo cual está influido por la historia y la cultura asociativa en el territorio.
El resultado de esto es que ambos tipos de unidades están en posiciones muy diferentes para aprovechar los estímulos de las políticas, tendiendo estas a beneficiar a las empresas mucho más que a las pequeñas unidades campesinas. Esto puede contribuir a exacerbar la exclusión en el mundo rural.
Por lo anterior, los avances deben continuar pero cambiando el enfoque desde uno agrarista que centra sus preocupaciones en la producción, hacia uno de desarrollo rural, que priorice a las personas, que integre las cuestiones sociales, culturales y organizativas a las económicas y a la del manejo de los recursos naturales, y que considere de manera más clara las dramáticas diferencias entre las empresas agrícolas y la agricultura familiar campesina, frecuentemente atrapada en un círculo vicioso de pobreza material y participación subordinada en las cadenas de abastecimiento.
Romper esa dinámica buscando explícitamente que las personas que participan de la economía campesina aprendan a producir, a organizarse y a comerciar mejor, y a participar de forma más ventajosa en las cadenas de comercio debe ser un objetivo prioritario de la política hacia el mundo rural.
