Una reciente y amplia campaña de mentiras, protagonizada por el presidente la Barrick Gold, pretendía embaucar a los incautos diciendo que el país recibiría el 50% de los beneficios de la explotación minera del oro de Cotuí, y de inmediato respondimos que eso era una farsa, porque el Contrato no dice eso en su artículo 8, y como ahora el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y el poder del pueblo, exigen que se renegocie el Contrato para que ese 50% de beneficios se le entregue al país, y que se haga efectivo desde el inicio de las operaciones mineras, la empresa se niega rotundamente a sentarse a renegociar el Contrato, lo que confirma que Barrick siempre mintió respecto a los beneficios, y que quienes cuestionamos el Contrato fuimos veraces.
Salvo unos pocos dominicanos y algún embajador extranjero, que con todo derecho han decidido colocarse del lado de la empresa minera Barrick Gold, prácticamente todos los dominicanos nacionalistas, incluido el Presidente Danilo Medina, nos hemos colocado del lado del pueblo dominicano en el justo reclamo de renegociación contractual para que nuestro país reciba lo que le corresponde por la explotación minera de Pueblo Viejo.
Pero ante la negativa incriminatoria de la empresa minera Barrick Gold, de sentarse con el Gobierno Dominicano a renegociar la enmienda al Contrato minero que le permite llevarse el oro, la plata, el cobre y el zinc, dejando a los dominicanos apenas 3 dólares de cada cien dólares vendidos en oro y plata, y nada del cobre y del zinc, se plantea promulgar una ley que establezca un impuesto a las ganancias inesperadas en las ventas de estos metales.
La ley en proyecto respetaría el actual Contrato Barrick hasta un precio tope de US$555/onza, que era el precio del oro al momento en que la Barrick compró a la Placer Dome y el Contrato Pueblo Viejo; pero por encima de los 555 dólares por onza, y hasta 1,000 dólares por onza, el Estado debe exigir el 55% del diferencial del valor de las ventas de oro.
Por encima de los 1,000 dólares por onza, y hasta 1,500 dólares por onza, el Estado debe exigir el 60% del diferencial del valor de las ventas de oro; por encima de los 1,500 dólares por onza, y hasta 2,000 dólares por onza, el Estado debe exigir el 65% del diferencial del valor de las ventas de oro; mientras que por encima de los 2,000 dólares por onza el Estado debe exigir el 70% del diferencial del valor de las ventas de oro.
En vista de que todos los costos operacionales serían cargados al oro; por ser el más caro, entonces la plata, el cobre y el cinc podrían ser gravados con un 55% del valor de las ventas brutas.
Pero debe quedar bien claro que ese impuesto no puede ser un adelanto con cargo a las futuras utilidades netas, como le han sugerido al Presidente Medina, porque eso sería un grave error que permitiría que el Contrato siga igual a como está, y los dominicanos terminaríamos debiéndole a la Barrick todo lo que recibamos como anticipo, no obstante la mina ser nuestra.
Y ello sería así porque la contabilidad creativa minera, que infla las inversiones y triplica los costos operacionales, se encargaría de cuadrar los números para que en cada año fiscal la suma de los flujos de efectivo descontados para dicho año fiscal y para cada año fiscal anterior sea negativa, es decir, inferior a cero, para que contractualmente nunca recibamos participación de las utilidades netas, y luego tendríamos que buscar un préstamo internacional para devolverle a la Barrick todo lo que nos fue adelantado como anticipo a dividendos que “contablemente” nunca existieron, aunque realmente hayan existido en grandes volúmenes. Evitemos errores. l
