La minera canadiense Barrick aceptó el miércoles renegociar el polémico contrato de concesión de una mina de oro en República Dominicana a fin de comenzar a pagar impuestos y regalías al Estado dominicano de inmediato y no esperar hasta que recupere su inversión total y alcance utilidades del 10%, anunciaron las autoridades.
Con esa modificación, que aún deberá ser aprobada por el Congreso dominicano y los consejos de directores de Barrick Gold y Goldcorp, República Dominicana recibirá entre 2013 y 2016 unos 2.200 millones de dólares, mientras que de forma original sus ingresos sólo serían de 377,8 millones de dólares en ese periodo, explicó el ministro dominicano de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
Las eventuales modificaciones, que incluyen un «impuesto mínimo» que se adecuará según los precios del oro, también incrementarán en 1.500 millones de dólares los beneficios del Estado durante los 25 años de concesión, para alcanzar ingresos totales estimados en 11.500 millones de dólares por impuestos y utilidades, detalló el funcionario.
Montalvo, quien encabeza la comisión negociadora por parte del gobierno, adelantó los detalles del acuerdo preliminar en una conferencia de prensa a la que asistieron ejecutivos de la minera, compuesta por las canadienses Barrick Gold (60 y Goldcorp (40%).
Una delegación de siete representantes de la multinacional, entre ellos el vicepresidente ejecutivo de Barrick, Kelvin Dushnisky, y John L. Thornto, miembro del consejo de directores, arribó el lunes a Santo Domingo para comenzar las negociaciones con autoridades locales.
«Es una negociación compleja», comentó Manuel Rocha, presidente de Barrick Pueblo Viejo, filial en República Dominicana de Barrick Gold y Goldcorp. El ejecutivo explicó que al acuerdo preliminar se logró tras 8 meses de negociaciones en las que se exploraron múltiples alternativas, «tomando en cuenta las solicitudes del gobierno, nuestras limitaciones y el mejor aprovechamiento de los fondos».
Recordó que una modificación al contrato original había sido aprobada, tras 27 meses de negociación, por ambas cámaras legislativas en 2009, mientras que la minera ha invertido 4.500 millones de dólares para poner en operación la mina, que estaba abandonada desde 1999, luego de 24 años de explotación por parte del Estado. La presencia de Barrick en la mina representa la inversión extranjera directa más grande realizada por una sola empresa en la historia de República Dominicana.
La compañía minera aceptó modificar la concesión, pese a que su vocero en el país, Jorge Esteva, había asegurado en marzo que una eventual renegociación del contrato no estaba en la mesa de diálogo. La compañía había revelado que en el 2012 el gobierno le solicitó modificaciones al contrato a fin de incrementar los ingresos del Estado para enfrentar el déficit fiscal de unos 5.000 millones de dólares que dejó la administración anterior, el más alto de la historia.
Tras meses de protestas populares en la calles en contra de la concesión de la mina de Pueblo Viejo por considerar que es desventajosa para el país, el presidente Danilo Medina advirtió el 27 de febrero pasado, en su discurso anual ante el Congreso, que si la compañía canadiense continuaba con su «posición intransigente» de negarse a renegociar, le impondría nuevos gravámenes a los ingresos inesperados por el incremento del precio del oro.
Medina argumentó que era «inaceptable» que durante los primeros años de explotación de la mina el Estado sólo recibiera el 3,2% de los ingresos de la minera, mientras que los precios del oro se han triplicado desde que Barrick obtuvo la concesión en 2006.
Barrick Gold y Goldcorp adquirieron en 2006 la concesión a 25 años de la mina de Pueblo Viejo, 100 kilómetros al norte del Santo Domingo, con una reserva de unos 20 millones de onza de oro. La explotación de la mina comenzó a mediados del 2012 y desde noviembre la compañía comenzó a exportar oro y plata.
Una adecuación del contrato de concesión aprobada en 2009 establecía que la empresa comenzaría a pagar al Estado las utilidades por la explotación de la mina sólo cuando hubiese recuperado la totalidad de su inversión, estimada en 4.500 millones de dólares, y alcanzado una rentabilidad del 10%.
Montalvo explicó que bajo esos parámetros, la minera recuperaría su inversión en 2016 y comenzaría a pagar regalías al Estado en 2019.
Con el acuerdo preliminar alcanzado el miércoles, el Estado comenzará a recibir ingresos de inmediato y la minera recuperará su inversión total en 2026, detalló Montalvo.
Como parte de las presiones del gobierno para que la minera renegociara el contrato, diversas comisiones especiales del Congreso analizaron en los dos últimos meses la concesión y determinaron que contravenía varias leyes y la constitución. La Dirección de Aduanas retuvo a mediados de marzo durante cinco días un cargamento de doré de unas 6.000 onzas de oro y 30.000 onzas de plata que la compañía minera tenía previsto exportar a Canadá y, por primera vez desde noviembre, exigió una revisión exhaustiva y certificada del embarque. Desde entonces, las autoridades aduanales incrementaron la inspección de los cargamentos de la minera.
Sólo una hora antes de que el gobierno y los ejecutivos de la compañía anunciaron el miércoles el acuerdo preliminar, la Dirección de Aduana permitió la exportación de un cargamento de 1.204 kilogramos de oro, valorado en 22 millones de dólares, que mantenía bajo inspección en el aeropuerto de Santo Domingo desde el 1 de mayo.
Abinader Fortunato, vocero de la Dirección de Aduanas, había explicado a The Associated Press que el incremento de la inspección se debió a que las autoridades detectaron diversas irregularidades en los 27 cargamentos que Barrick Pueblo Viejo ha exportado desde noviembre.
