Hace algunas semanas, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó que como parte de un proyecto de control y vigilancia serán arrestadas las personas que paguen favores sexuales a quienes se dedican a la prostitución, comenzando en las avenidas George Washington, Sarasota y Duarte, en el Distrito Nacional; y en la calle El Sol, de Santiago.
En su afán de tocar temas populares, parece que olvida el magistrado parte de las lecciones básicas de Derecho Penal, donde enseñan que en República Dominicana no está castigada la prostitución, sino el proxenetismo y, por consiguiente, someter a la Justicia a quienes utilicen los servicios de las trabajadoras sexuales no tiene asidero legal en nuestra legislación. Queda muy mal nuestro procurador cuando dice que los hombres que paguen por sexo serán “apresados, sometidos y fichados por proxenetismo”, puesto que, para someter a alguien por la presunta comisión de un delito, deben configurarse los elementos constitutivos del mismo, y de acuerdo al artículo 334 del Código Penal Dominicano, lo fundamental para describir a un o una proxeneta es que sea una persona que reclute a otras con miras a la explotación sexual y reciba beneficios de ello, lo que nada tiene que ver con quienes acceden a la prostitución sólo como usuarios de los servicios ofrecidos.
Por otro lado, incurre el procurador en discriminación en función del nivel socioeconómico al pretender ejecutar este proyecto específicamente con las prostitutas “de la calle”, pues excluye a los que contratan mujeres por teléfono, por catálogo y otros mecanismos habitualmente usados por personas de mayor poder adquisitivo.
Si el tema es de interés para el magistrado, podría involucrarse en las discusiones de propuestas serias como el proyecto de ley para la creación de “zonas de tolerancia de la prostitución” que cursa en el Congreso Nacional. De todas manera, complacer a diversos sectores o incluso complacer a la mayoría nunca puede ir en perjuicio del imperio de la ley y el Estado de Derecho. Si un funcionario como quien encabeza el Ministerio Público en nuestro país entiende que una ley es injusta o que no es suficiente para erradicar situaciones de hecho que traen problemas, entonces debería promover iniciativas para la modificación de la misma, pero inventarse prohibiciones y “legislar de facto” no debe ser jamás una alternativa.
Si una ley es mala o deficiente lo es para todos, y mientras no sea modificada, la ley es la ley y hay que aplicarla sin quitarle, pero tampoco sin agregarle lo que ella no especifica.
