El Caribe

Editorial

Abuso de poder

-

La Constitución de la República establece en el artículo 199 lo siguiente:
“El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa, y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes”.

Asimismo, el artículo 201 sobre gobiernos locales dice: “El gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Consejo de Regidores y la Alcaldía. El Consejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidoras…”.

Está muy claro, y es una materia constitucional, que los gobiernos de las ciudades están en manos de los ayuntamientos, y en consecuencia, ningún otro poder del Estado, por más poderoso que sea, puede usurparlo, no se sabe amparado en qué.

Es de dominio general el exceso de poder de que se ha prevalido el Poder Ejecutivo, a través de su Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), para desconocer la facultad del ayuntamiento del Distrito, y construir, por encima de una resolución del Consejo de Regidores y de una decisión del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, un elevado en el Malecón de la ciudad.

Una entidad académica privada puede solicitar cualquier servicio al gobierno de la ciudad. El municipio puede evaluar la conveniencia del mismo, y adoptar la decisión que considere, en atención a la ley. La entidad interesada puede acudir, si fuese necesario, a un tribunal competente.

El artículo 204 de la Carta Magna establece que “el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley…”. Lo que se ve es todo lo contrario. ¡Un abuso de poder!


Noticias relacionadas

  • 523 años después

    El 4 de noviembre del año pasado, la experta en dengue de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Anabell Alfaro, se quejó amargamente de los fracasos de República Dominicana en el manejo de esa enfermedad, que para ella debe ser una materia&#

  • Educación vial

    La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) ha iniciado una importante campaña de educación vial, con una meta de alcance moderado que no deja de ser un reto.

  • La UASD amenazada

    Hay sectores, sobre todo entre los profesionales, adictos a las luchas fáciles, y cómodas.

  • Hay que aplicar la ley

    De acuerdo con los especialistas, la ley de tránsito 241 sí otorga facultades a las autoridades para determinar un destino final a la voluminosa cantidad de vehículos y chatarras que almacenan en varias dependencias. Son tantas que ya tienen dificultad

  • Proceso único

    El pasado fin de semana confirmó con varios hechos las percepciones que sugieren que el actual proceso político está marcado por lo singular. Formaciones nuevas, alianzas inesperadas, desafecciones y revelaciones como nunca antes.Por…



ADEMÁS EN PANORAMA

  • El agua en el GSD

    La semana pasada, algunos barrios al norte de la avenida John Kennedy se quejaron de la falta de agua. La CAASD explicó que fue a causa de una avería. Y suplieron esos barrios con tanqueros. No se trataba de escasez, pero hay inquietud.

  • Principio y fin

    Ayer fue un día extraño en el escenario laboral del país. Dos acontecimientos de inusual coincidencia le dieron ese toque poco común, de extrañeza.

  • La decisión de un juez

    La sociedad quedó conmocionada cuando se develó que jueces de la República y un superior que precisamente está para asegurarse de que actúen de acuerdo con la ley, supuestamente se habrían confabulado con delincuentes para favorecerlos.

  • Estado moroso

    El Estado dominicano es moroso en materia de deuda inmobiliaria. Es un calificativo moderado, pues por la antigüedad y magnitud de las deudas, la definición debería ser “mala paga”.




GALERIA DE FOTOS:

X
Anterior - 1 de 1 - Siguiente


Compartir por Correo Electrónico

cerrar