El Caribe

Editorial

Abuso de poder

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La Constitución de la República establece en el artículo 199 lo siguiente:
“El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa, y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes”.

Asimismo, el artículo 201 sobre gobiernos locales dice: “El gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Consejo de Regidores y la Alcaldía. El Consejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidoras…”.

Está muy claro, y es una materia constitucional, que los gobiernos de las ciudades están en manos de los ayuntamientos, y en consecuencia, ningún otro poder del Estado, por más poderoso que sea, puede usurparlo, no se sabe amparado en qué.

Es de dominio general el exceso de poder de que se ha prevalido el Poder Ejecutivo, a través de su Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), para desconocer la facultad del ayuntamiento del Distrito, y construir, por encima de una resolución del Consejo de Regidores y de una decisión del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, un elevado en el Malecón de la ciudad.

Una entidad académica privada puede solicitar cualquier servicio al gobierno de la ciudad. El municipio puede evaluar la conveniencia del mismo, y adoptar la decisión que considere, en atención a la ley. La entidad interesada puede acudir, si fuese necesario, a un tribunal competente.

El artículo 204 de la Carta Magna establece que “el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley…”. Lo que se ve es todo lo contrario. ¡Un abuso de poder!


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