En el 2007, cuando la moneda aún valía, y en plena campaña electoral el expresidente Fernández le puso un monto escalofriante a la corrupción al evaluar su alto costo para el país. La estimó en más de treinta mil millones de pesos al año, cifra que en su gestión posterior se triplicó. La cifra era y es suficiente para construir cuantos hospitales y escuelas necesitamos para impulsar buenos programas de salud y mejorar la educación, nuestras dos grandes prioridades.
Una encuesta auspiciada con fondos internacionales, dada a conocer en esos días, reveló un alcance todavía mayor del flagelo de la corrupción. En más de dos mil hogares se comprobó que el llamado “macuteo”, la corrupción en los estamentos más bajos del sector público y privado, despojaba a los ciudadanos de más de seis mil millones de pesos al año, en la expedición de documentos o en la agilización de préstamos y trámites burocráticos.
Estas cifras pulverizan la falsa creencia de que el fenómeno no ocupa un lugar importante en las preocupaciones ciudadanas y demuestra, por el contrario, su peso enorme en las carencias y precariedades del pueblo dominicano. La corrupción ha sido un mal congénito entre nosotros y no es justo atribuirle su paternidad a una época o a una administración gubernativa. Pero como para todo fin práctico, el malestar que pesa es el que actualmente se padece, la corrupción que importa es la que se registra ahora. Una realidad comprensible que el liderazgo nacional suele minimizar, con la estéril pretensión de librarse de la responsabilidad que en su erradicación le compete. Sin importar cuán difícil sea cuantificar la corrupción, con el transcurrir del tiempo los dominicanos han aprendido a valorar la importancia de combatirla. Por tal razón, la gran victoria de la democracia llegará cuando un gobierno muestre cifras de haberla reducido a su mínima expresión.
