A pesar de que en el allanamiento en el proyecto habitacional La Mulata III participaron varios fiscales adjuntos, la jefa del Ministerio Público en Puerto Plata, Alba Núñez Pichardo, prefirió ordenar la ejecución de esa operación a un capitán de la Policía.Núñez Pichardo entregó la orden de allanamiento al capitán Gerson Acosta Polanco, para que fuera este policía y no los fiscales bajo su conducción quienes dirigieran ese operativo. En ese allanamiento, los fiscales adjuntos actuantes fueron Víctor Manuel Mejía, Juan Carlos Hernández, José Martínez Montán, Ramón Antonio Núñez Liriano y Ramón Cabrera.
Pero según confiaron a elCaribe, la fiscal Núñez Pichardo ordenó a un empleado de la Fiscalía que recogiera las órdenes de allanamiento para el caso Mulata III, y en vez de entregárselas a los fiscales actuantes dictaminó dársela al capitán Acosta Polanco.
Este oficial de la Policía habría recibido la orden para este allanamiento a las 12:00 de la noche del 16 de octubre del 2012, un día antes de materializarse esta acción. Lo que dice la fiscal de Puerto Plata para justificar su proceder, es que en octubre del año pasado, cuando se ejecutó el allanamiento, el capitán Acosta era el jefe de Investigaciones Criminales del destacamento de Sosúa.
Núñez Pichardo asegura que cree plenamente en la capacidad de su equipo de fiscales, con lo que intenta descartar que la desconfianza fuera la razón por la que no entregó la orden de allanamiento a miembros del Ministerio Público.
Sobre la actuación protagónica del capitán Acosta, esto fue lo que respondió la fiscal: “Como oficial investigador, no es extraño ni casual que él (Acosta Polanco) recibiera las órdenes (de allanamiento), porque eso tampoco no es ilegal ni pecaminoso”, respondió Núñez Pichardo.
El artículo 180 del Código Procesal Penal establece que “el registro de un recinto privado, destinado a la habitación o a otros fines particulares, sólo puede realizarse a solicitud del Ministerio Público, por orden de allanamiento expedida mediante resolución judicial motivada. En los casos de urgencia y en ausencia del Ministerio Público, la Policía puede solicitarla directamente”.
En el caso en cuestión, el Ministerio Público no estuvo ausente. Por eso no fue la Policía quien solicitó la orden de allanamiento a La Mulata III, sino el propio Ministerio Público de Puerto Plata. Tampoco fue realizado de manera urgente, como bien lo explica la fiscal Núñez Pichardo.
“El allanamiento se planificó y se documentó de manera legal, como cualquier allanamiento; como cualquier diligencia de investigación. Y fue como debió ejecutarse”, sostuvo Núñez Pichardo.
Acosta no fue cancelado
A propósito del capitán Acosta Polanco, otra de las tantas preguntas surgidas en medio de esta investigación, es por qué este oficial, aunque participó activamente en este allanamiento declarado irregular, no figura en el listado de los 14 policías cancelados e investigados, como el resto de los agentes participantes.
Según el interrogatorio a los policías cancelados, incluido en el informe del Consejo Superior Policial que recomendó esta disposición, el capitán Acosta Polanco admite que el día del allanamiento vio cuando dos tenientes sacaban dos cajas fuertes de la casa del alemán Peter Brunk, quien fue brutalmente golpeado por los agentes.
Tras ser interrogado, Acosta Polanco narra que los ex tenientes cancelados Nilson Peña Encarnación y Stalin Castillo Basora montaron dos cajas fuertes en una guagua de la Policía Científica, que era conducida por el teniente Juan María Toribio y lo acompañaba el teniente Sandy Ramón Ferreira.
La Policía ni el Ministerio Público han explicado por qué si Acosta Polanco acepta que observó a dos tenientes cargar con dos cajas fuertes, como autoridad designada para el allanamiento no hizo nada para detenerlos.
Revelaciones
El pretexto para realizar este allanamiento, fue que supuestamente los alemanes eran miembros de una secta que realizaba ritos satánicos; que tenían un arsenal de armas de fuego y que incluso traficaban con órganos de niños.
El abogado de los extranjeros reveló que la Policía sabía perfectamente que allí no existía nada de lo que aledagamente fueron a buscar. “La Policía tenía conocimiento, porque iba semanalmente a ese proyecto. Cuando digo semanalmente, es porque todos sabemos cuándo la Policía entra a un proyecto y a buscar qué”, sostuvo el abogado José Carlos González.
Para no ceder espacio a la especulación, dijo que la Policía de Sosúa solía visitar La Mulata III para ofrecerle seguridad a sus residentes. “Eso no es gratis. Ellos (la Policía) saben quién era que pasaba por allá todos los fines de semana. Sabían perfectamente a quién buscar y qué casa buscar”, dijo González.
Entiende que los alemanes, al momento de producirse ese hecho, no quisieron hacer pública su indignación o denunciar su atropello, porque quienes precisamente cometieron estas irregularidades en su contra fueron las autoridades que debían atender sus quejas y garantizarle protección.
El informe sobre los interrogatorios a los agentes involucrados en este caso, y que alguien filtró a los medios de comunicación, fue solicitado por González al Ministerio Público de Puerto Plata. Lamenta que todavía no ha podido iniciar una acción legal para resarcir los daños causados a sus clientes, porque la Fiscalía no ha querido entregarle ese informe, que ya es de manejo público.
Señaló que esta solicitud fue hecha el día seis de este mes, sin que hayan recibido respuestas sobre la entrega de este documento. “Eso lo tiene medio país, menos los alemanes que fueron afectados”, cuestionó González.
Jefe espera resultados de pesquisas
El jefe de la Policía Nacional aseguró ayer que aplicará las medidas disciplinarias a los nuevos involucrados en el caso de Puerto Plata.
Manuel Castro Castillo sostuvo que si las investigaciones realizadas por el Ministerio Público arrojan nuevos involucrados por el robo de RD$60 millones, la institución del orden aplicará las medidas disciplinarias de lugar.
Recordó que por el hecho han sido cancelados y puestos a disposición de la justicia, 14 agentes accionantes de la sustracción. No negó posibles nuevas cancelaciones, aludiendo a que todo dependerá de los resultados de las pesquisas que está desarrollando el Ministerio Público.
Castro Castillo ofreció estas declaraciones, luego de participar en la misa celebrada en el Palacio de la Policía Nacional, donde además donó cuatro mochilas y útiles escolares a Ana Núñez Guzmán, residente en Gualey, para que sus hijos menores de edad asistan a la escuela.
