Los familiares del Segundo teniente de la Policía Nacional, Juan Pablo Rondón Mejía, gestionan el traslado de su pariente al Hospital Central Plaza de la Salud, en busca de salvarle la vida, se informó esta tarde una fuente del Hospital de la Policía Nacional.
El oficial Rondón Mejía, de 22 años, recibió dos impactos de balas, heridas de machetes en el cráneo y pedradas, cuando supuestos distribuidores de drogas, en compañía de decenas de residentes de “Barrio Nuevo” en Madre Vieja Norte, les persiguieron al percatarse que presuntamente estos asaltaron a los narcotraficantes, que operaban en el muro de contención en construcción en las márgenes del rio Nigua, hace una semana.
Se confirmado esta tarde, que su estado es grave, ya que no asimila los medicamentos porque los riñones no les funcionan y
El oficial nativo de Samaná se graduó a comienzo de año, en la Escuela para Cadetes “Dos de Marzo” de Hatillo, San Cristóbal, y estaba asignado a la Policía Preventiva, en la 17 compañía de la ciudad San Cristóbal.
Rondón Mejía en compañía del Primer Teniente, Alexander Soriano Valdez y dos civiles no identificados hasta el momento, supuestamente asaltaron los vendedores del punto de distribución de drogas, cargando con dinero y estupefacientes por un valor de miles de pesos.
Soriano Valdez, logro escapar en una motocicleta dejando a su compañero abandonado, el cual recibió la furia de la turba.
Una fuente revelo que el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, entregó un informe al presidente Danilo Medina, donde les solicita las cancelaciones de los dos oficiales y sus sometimientos a la justicia.
Además, las investigaciones se profundizan, para detectar que otro oficial superior mantenía de servicio supuestamente vestidos de civiles a los oficiales Rondón Mejía y Soriano Valdez, para ser sancionado ò recomendar su retiro de la institución, sin importa su rango.
Mientras, que un informe recibido de la Dirección de Inteligencia Delictiva y del DNI, al jefe de la Policía Nacional, también señalan que tres oficiales supervisores de los barrios intervenidos “Jeringa y Las Flores”, estarían cometiendo alegadas irregularidades
