El gobierno de la Nación se divide en tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, pero el de menor vocación autárquica es este último. El primero tiene la facultad de aprobar el Presupuesto de la Nación, lo que le da una capacidad decisiva para influir en su composición. El Ejecutivo lo elabora y asigna los fondos. El Poder Judicial, si bien puede presentar sus planes, es el Ejecutivo que decide junto al Legislativo su grado de participación en las finanzas públicas, al margen de lo previsto en la Ley 194-04, sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa.
Y una Nación que se fundamenta en la división de los poderes, no tiene cómo explicar un trato claramente discriminatorio contra el Poder Judicial, lo que en sí mismo conlleva un abuso combinado de poder, con un impacto negativo en la institucionalidad y en la calidad de la gestión y administración de la justicia, que es la garante de la paz, el medio idóneo para la solución de conflictos e intereses entre los ciudadanos, empresas e instituciones. Entonces, garantizar la funcionalidad de ese poder del Estado es esencial para la gobernabilidad.
Para que los responsables de administrar justicia puedan cumplir su papel, se requieren garantías y condiciones que impidan el penoso fenómeno en desarrollo en estos días: renuncias de jueces de la República por salarios que no llenan sus requerimientos vitales.
En un país donde la media de los salarios del sector público es un bochorno, a cualquiera le podría parecer razonables las escalas de honorarios de los jueces, pero la realidad es que en general el servidor del Estado es infravalorado, lo que propicia el atajo por debajo de la mesa.
Nadie ignora que la formación de los jueces tiene un alto costo, y no es justo que el Poder Judicial pierda esas capacidades por malos salarios. Esa iniquidad debe desaparecer.
