“El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”, artículo 169 de la Constitución.
En un párrafo adicional señala que el Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, “garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley”.
Esa misión del Ministerio Público ha quedado muy degradada con el desempeño de sus responsables en Constanza y en otros sitios. Ha sido más que evidente la negligencia con que actuó el fiscal de esa ciudad frente a las denuncias de un grupo de mujeres sobre la conducta del famoso padre Johnny, el ciudadano Juan Manuel de Jesús Mota.
Fue necesario que las mujeres que se sienten victimizadas acudieran a otro departamento de ese Ministerio, y todavía así, tuvo que intervenir una autoridad de la jurisdicción del Distrito Nacional.
¡Al fin! El pasado miércoles fue cuando el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, anunció la designación del procurador adjunto, Bolívar Sánchez, para que encabece una investigación, aparentemente centrada en el otro escándalo, el que envuelve a esa dignidad identificada como Josef Wesolowski, embajador de la Santa Sede.
En alguna medida, la Iglesia católica ha actuado con mayor presteza que el Ministerio Público, sea mediante la confirmación de monseñor Agripino Núñez Collado, de que Wesolowski había salido del país y estaba bajo investigación por la práctica de pederastia, y posteriormente, a través del obispo de La Vega, Antonio Camilo, quien reclamó que las autoridades investiguen las graves denuncias. Igual hizo el Cardenal López Rodríguez ayer.
Pero el Ministerio Público ha ido a la zaga. Parecería que ha actuado bajo el acicate de la Iglesia, lo que desdice de su responsabilidad como representante de la sociedad.
Y es una pena, porque la actual gestión ha sido muy dinámica para perseguir la prostitución de las excluidas de la sociedad.
