El exjuez español Baltasar Garzón envió recientemente una carta al Procurador General de la República, Francisco Dominguez Brito, en la que confirma lo rumores de que había sido contratado como abogado por el ex financista Luis Alvarez Renta, condenado por lavado de activos tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos. La carta se produce luego de que Garzón visitara al Procurador para solicitarle que depusiera la actitud del Ministerio Público sobre el caso de su defendido, quien alega que ya cumplió su condena de diez años de prisión por el caso Baninter. No me extrañaría que en la misma tesitura se produjeran las recientes visitas del ex juez a los presidentes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, Mariano Germán Mejía y Milton Ray Guevara, respectivamente.
Pero, lo que llama la atención no es que Garzón haya comenzado a ejercer, de manera ilegal, la profesión de abogado en nuestro país. Ni mucho menos que, con la elegancia que debe caracterizar a los dignos, ninguno de los funcionario(a)s que frecuenta o intima le haya llamado la atención sobre la ilegalidad de sus gestiones. En un país con tan escasa institucionalidad no deben extrañarnos eventos de esta naturaleza, sobre todo cuando su protagonista ha llegado embarcado en la carabela de la fama y del afecto internacional. Lo lamentable es que Garzón -a favor de cuya causa publiqué en este diario dos artículos de mi autoría- haya venido de tan lejos para sumarse al pertinaz y desvergonzado esfuerzo del convicto Luís Alvarez Renta por burlar la condena que le fuera impuesta y que, mediante una serie de artilugios, ha cumplido en forma precaria.
Ese condenado no solo ha cumplido gran parte de su condena bajo una especie de régimen de semi-libertad, con estancias casi diarias en su residencia, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; sino que fue capaz de engañar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), alegando que ostentaba la condición de “enfermo terminal”, a los fines de obtener una medida cautelar que finalmente le fue revocada al constatarse su real condición de salud.
Ahora, Álvarez Renta alega que estuvo “técnicamente preso” durante todo el proceso de Baninter, en el que se mantuvo en libertad y realizó más de una decena de viajes al exterior -desde Las Vegas hasta Florencia-, las más de las veces en su jet privado. La forma en que Alvarez Renta calcula sus años en prisión nos recuerda la famosa “contabilidad paralela” que existió en el Baninter. Y lo lamentable es que alguien como Garzón justifique ese alegato, esa “contabilidad”, y que pretenda que su defendido se siga burlando de la justicia dominicana.
