El 20% de las adolescentes del país son madres o han estado embarazadas alguna vez, y una de cinco muertes maternas corresponde a una joven menor de 20 años, según informó ayer la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández.La funcionaria dijo, además, que el riesgo de las mujeres menores de 16 años de morir durante el embarazo, parto y post parto, es cuatro veces mayor que en mujeres mayores de 20 años.
Movidos por la preocupación generada por la alta tasa de embarazos en ese segmento de la población, la vicepresidenta, a través del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno y el Ministerio de Salud Pública, lanzaron ayer, en el Palacio Nacional, un proyecto que inicia hoy para combatir esa problemática.
La iniciativa denominada “Abordaje de Salud Integral de Adolescentes con Énfasis en la Reducción de Embarazos y Mortalidad Materna”, tiene como objetivos, además, reducir la tasa de mortalidad materna, mejorar las condiciones de salud y prevenir las diferentes enfermedades entre la población adolescente.
“El trabajo que vamos a realizar estará orientado en la prevención de un primer embarazo en adolescentes, iniciando en las provincias que tienen mayor incidencia de estas problemáticas”, dijo la funcionaria. En ese sentido, explicó que se han focalizado en La Vega y Azua en una primera etapa, pero que igual habrá otra parte del proyecto que se extenderá hasta Pedernales, Bahoruco, Elías Piña, Barahona, San José de Ocoa, Monte Plata y Peravia, lugares donde se desarrollarán protocolos médicos, dotarán los hospitales de los insumos necesarios, garantizando la anticoncepción, la consejería.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y promoverá el enfoque integral de la salud, centrado en los derechos, el trabajo en redes y la participación juvenil y comunitaria, según expresó Cedeño de Fernández.
El programa será ejecutado por dos años
El proyecto se ejecutará en los próximos dos años en el segmento de la población que oscila entre los 10 y 19 años de edad y de acuerdo al plan que ha sido establecido por las autoridades busca impactar en la reducción de las enfermedades de transmisión sexual, VIH, Sida, accidentes y victimización juvenil por el uso de la violencia, así como en la disminución de la pobreza.
