Esta semana la Comisión de Veeduría Ciudadana del Ministerio de la Presidencia (MINPRE) presentó su primer informe de seguimiento. Dicha comisión señaló que en seis licitaciones observadas, el MINPRE había actuado con transparencia y apego a la ley de compras y contrataciones.
La intervención pública de los miembros de dicha comisión, de la cual formo parte, es una oportunidad para que la ciudadanía comprenda, en primer lugar, la conveniencia de llevar a cabo procesos de contrataciones públicas basados en la transparencia y la rendición de cuentas y en segundo lugar, el importante rol que pueden jugar los ciudadanos para alcanzar este propósito. Aquellos que contraponen el ejercicio de control social a la fiscalización que tienen que llevar a cabo las instituciones del Estado, ponen en evidencia su desconocimiento de lo que debe ser una democracia sustantiva. En ella, se combinan los mecanismos de representación con la participación directa de la gente, en la promoción de una gestión pública de calidad. La alianza estratégica Estado-sociedad debe ayudar a avanzar en un tema de tanta relevancia como el de la transparencia y las contrataciones públicas apegadas a la ley. La participación ciudadana no debe limitarse al ejercicio del voto cada cuatro años. La participación en los asuntos públicos debe ser continua, como una forma de mejorar la calidad de las políticas públicas. Es positivo que hasta el momento se hayan creado nueve Comisiones de Veeduría Ciudadana en igual número de dependencia del Estado.
Ojalá que en un corto plazo, cada uno de los Ministerios y las direcciones del sector público, cuenten con comisiones de esta naturaleza. De esta manera los ciudadanos contribuyen con los órganos de control del Estado, a que el sistema nacional de contrataciones públicas cumpla con los requisitos de legalidad, objetividad y transparencia, conforme lo establece la Ley 340-06. Como bien destacó la Comisión de Veedores del MINPRE, el control social es un derecho de los ciudadanos, consagrado en la Constitución y en las leyes del país. Los veedores no deben ser solo lo miembros de las distintas comisiones creadas por el gobierno. Esta debe ser una responsabilidad de cada ciudadano y sus organizaciones en los distintos puntos del país. Es necesario garantizar que los recursos públicos se manejen con honestidad y eficiencia y de esta manera, que el Estado pueda brindar servicios de calidad a la gente.
Para ello es imprescindible avanzar en una doble vía, fortalecer las instituciones públicas que tienen que ver con el control y la fiscalización y ampliar los mecanismos de participación social en estos temas.
