La extensión de la Segunda Línea del Metro de Santo Domingo hasta la zona oriental es motivo de satisfacción para los residentes en la zona, aunque para otros es un gran pesar y aseguran que representa mayor riesgo para su vida.
Las familias del barrio Gualey que no fueron desalojadas de las inmediaciones de la ribera del río Ozama, donde funcionará una estación del Metro, explicaron ayer a reporteros de elCaribe que “el peligro ahora es mayor para ellos porque con las construcciones que realizan las aguas del río penetrarán más rápido a sus viviendas y el riesgo es más grande”.
Apenas han iniciado las excavaciones y la acumulación de rellenos, y la casa de la señora María Enrique Bueno, ha empezado a inundarse, según ella, producto de las vibraciones y labores realizadas por las máquinas pesadas en el lugar.
Ella, al igual que otros residentes en el sector, desean ser desalojados, ya que aseguran, que no pueden estar tranquilos en sus casas construidas a base de zinc y pedazos de madera. Dijo que el material con el que rellenan el terreno donde estará la estación del Metro, evita que las aguas del río corran con normalidad y están anegandos sus casas.
Andrés Bonifacio, comerciante que lleva más de 20 años residiendo allí, dijo “cuando llueva y cuando estemos bajo amenaza de tormenta tropical o ciclón, todo va ser peor, porque sin eso subía mucho el agua. A la hora que el río se vea atajado, va a buscar lo de él”.
“Debieran desalojarnos a todos, eso sería lo mejor. Si hubiese sido por el gusto de uno, nos hubiéramos ido, pero ellos son los que saben”, sostuvo.
Mártires Guerrero, otro de los moradores del sector, consideró que es un error dejar a las demás personas ahí, ya que “al tener una estructura tan preciosa, como el Metro y al mismo tiempo contar con un panorama de miseria ahí mismo,” la obra pierde valor. En ese sentido, recomendó transformar la zona en área verde.
Denuncia de irregularidades
Algunas familias denunciaron que firmaron contratos de venta con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), pero que no les ha llegado el cheque y les informaron que ya no los desalojarán. “Yo firmé por un millón y medio de pesos, pero el cheque nunca llegó.
Mi marido y yo tenemos una casa apartadas y pagamos 100 mil pesos por ella en Sabana Perdida porque creíamos que nos íbamos de aquí y ahora tenemos que buscar el dinero para terminar de pagarla”, expresó una anciana cuyo nombre omitimos, por petición de ella.
Familias estuvieron de acuerdo con lo recibido
Brígida Brito, presidente de la junta de vecinos de la rivera del río Ozama, expresó que la institución estatal ha “pagado bien” a las familias desplazadas, las cuales se han ido de allí conforme. Explicó que la Opret ha cumplido con gran parte de las demandas hechas por la junta de vecinos y que las indemnizaciones que se recibieron van desde los 600 mil hasta los 6 millones de pesos, dependiendo de la cantidad y condiciones de las propiedades.
