El servicio exterior dominicano ha sido un reflejo de cada coyuntura histórica nacional. En el pasado, los gobiernos conformaron opositores con cargos diplomáticos. Después de la guerra de abril del 65, el exilio con rango diplomático fue una opción. En tiempos modernos ha sido compartido con aliados del partido en el poder. Ha devenido en un instrumento conveniente a la gobernabilidad interna, ya como reparto, o en atención a determinadas coyunturas políticas.
No se recuerda una discusión sobre el tamaño del servicio exterior. Se hablaba de la débil representación dominicana y que de hecho no había una política clara hacia el mundo. Una confusión entre promoción de inversiones, del país como destino, representación consular y el servicio exterior como política de Estado.
El debate actual se centra en la “nómina supernumeraria”, para satisfacer caprichos, favorecer allegados o atender compromisos para quienes no alcanzó el pastel.
Lo extraño es que quienes lo han puesto en la agenda pública son entes del Ejecutivo, lo que coloca en situación incómoda a la Cancillería y a distinguidos representantes dominicanos en diferentes capitales que sí realizan su trabajo.
Ocurre cuando el país más necesita una vigorosa defensa de su imagen externa, toda vez que ha sufrido una campaña de descrédito como Nación “violadora” de los derechos humanos. Esos ataques obligaron al presidente Danilo Medina Sánchez a realizar una enérgica defensa de la República ante delegados de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en Cuba.
La realidad es que el gobierno no estaba en la actual coyuntura en la necesidad de auto flagelarse con el tema de la supernumeraria nómina del servicio exterior. Habría que desentrañar los motivos que lo condujeron a lanzar las críticas hacia esos servidores.
El momento es oportuno para desmontar la parte que esté mal. Y no hay nadie más responsable que el gobierno para acometerlo. El canciller Carlos Morales Troncoso ha expresado su total disposición de trabajar para ejecutar la operación y de paso institucionalizar ese Ministerio. Incluso, ha auspiciado una ley que espera en el Congreso Nacional.
El gobierno debe tomar la iniciativa con seriedad. Y no hacerse un daño gratuito.
