La creciente informalidad de las actividades económicas constituye una forma encubierta de evasión fiscal y un atractivo para no pagar impuestos. Reducirla es uno de los imperativos que la sociedad dominicana debe encarar, ya que no se trata de un problema enteramente fiscal o legal, sino también de carácter esencialmente moral: el respeto a la ley. La evasión se ha convertido pues en una práctica muy dañina atentatoria de la estabilidad financiera de la nación, la que pone además en desventaja en el ámbito empresarial a aquellas compañías que compiten en una misma área con las que no pagan impuestos.
Se alega que el sistema tributario alienta la evasión, porque las cargas son muy onerosas y atacan el consumo, perjudicando a los estratos peor situados. Otro intento de justificación se refiere a los plazos para el pago de los diferentes tributos, el número de veces en que deben ser saldados y los anticipos calculados sobre ingresos que necesariamente no se alcanzarán en el año siguiente. Pero nada de esto la justifica. Si bien necesitamos de una reforma integral que haga la estructura impositiva más ágil, flexible y equitativa, no quiere esto decir que se pueda inobservar una responsabilidad a la que todos los ciudadanos corporativos o no están obligados.
A causa de esta penosa realidad, la carga tributaria se hace muy pesada para quienes cumplen con esa obligación, a despecho de cuanto se pague. Por eso, independientemente, de cuán justo o injusto sea el sistema y elevadas los tributos, el nivel de evasión existente es inaceptable. Si queremos en realidad hacer menos injusta la sociedad dominicana, luchemos por una estructura fiscal que fortalezca el sistema democrático en el que se pague por lo que realmente se tiene y no en base a privilegios sectoriales. A fin de cuentas, así es como funciona en cualquier país medianamente organizado.
