Pacto Educativo y poder

El Pacto Educativo aparece ante la opinión pública como un logro significativo de la sociedad dominicana, porque los actores involucrados fueron capaces de ponerse de acuerdo en una agenda ampliamente aceptada de reformas del sistema educativo dominican

El Pacto Educativo aparece ante la opinión pública como un logro significativo de la sociedad dominicana, porque los actores involucrados fueron capaces de ponerse de acuerdo en una agenda ampliamente aceptada de reformas del sistema educativo dominicano, y se comprometieron a emprender acciones para avanzar en ella.

Sin embargo, sería un error pensar que progresar en las reformas convenidas es sólo una cuestión de capacidad de implementación. Más de uno de los compromisos asumidos suponen un cambio sustantivo en los arreglos de poder y en la distribución de los recursos asignados a la educación pública, y a pesar de que todos firmaron, se comprometieron y aceptaron ser evaluados en el cumplimiento de esos compromisos, no está claro si realmente o hasta qué punto todo el mundo está dispuesto a aceptar un reacomodo que implique una pérdida de poder.

Cinco de esos compromisos sirven de ejemplo para ilustrar lo difícil que podría resultar acometer algunas de las reformas más relevantes. Primero, para desarrollar la carrera docente, se propone atraer nuevos talentos a la formación docente, en particular “bachilleres de alto rendimiento académico y vocación para la docencia, en el marco de igualdad de oportunidades”, la incorporación al sistema educativo de profesionales de alta calidad estrictamente a través de concursos, y la introducción de una prueba de ingreso. Esto sacaría de la esfera del clientelismo el nombramiento de maestros y maestras, un área muy politizada de las contrataciones públicas. Pero, ¿aceptarán los actores políticos locales este cambio en las reglas que reduce su poder para generar adhesiones y lealtades políticas o boicotearán el esfuerzo? ¿Tienen capacidad para ello?
¿Cómo reaccionarán los estamentos superiores, políticos y administrativos, ante la presión “desde abajo” por mantener abierto ese espacio de clientelismo?

Segundo, se propone avanzar en la rendición de cuentas para docentes a través de un sistema de evaluación que sea objetivo, transparente e independiente y de acuerdo al Estatuto Docente, así como la puesta en funcionamiento del Tribunal de la Carrera Docente para conocer violaciones a la normativa, el cumplimiento estricto del horario y del calendario escolar, y el impulso a programas de educación continua para maestros y maestras. Esto implica que el desempeño de los y las docentes será evaluado permanentemente, y el puesto docente no será más sólo un derecho sino que conlleva obligaciones de comportamiento, rendimiento y preparación. ¿Están los maestros y las maestras verdaderamente dispuestos a ser evaluados? ¿Está el gremio de docentes dispuesto a contribuir a vencer posibles resistencias de sus bases, especialmente cuando todavía la moral docente está baja y los salarios continúan siendo deprimentes?

Tercero, se estableció el compromiso de universalizar la tanda extendida. Esto implica un incremento significativo en el financiamiento por plantel educativo, tanto en términos de contratación de personal como de otros gastos como los relacionados a la provisión y manejo adecuado de alimentos. Bajo el modelo de tanda extendida, el gasto de capital inicial en la construcción de aulas deberá convertirse en gasto corriente, lo que supondría una baja considerable en la inversión pública. ¿Está preparado el gobierno para eso y para asumir todas las consecuencias políticas, económicas y de gestión, de gastar menos en construcción y en contratistas, y más en personal y alimentos?

Cuarto, se acordó que el gobierno central y los gobiernos locales desarrollarán y garantizarán un sistema de transporte escolar en comunidades rurales. La distancia y el costo de transporte es una de las barreras más importantes de la población rural para el acceso a la educación. El transporte escolar local tiene una vocación marcadamente municipal. ¿Están dispuestas las alcaldías a reducir el gasto clientelar para financiar algo que realmente vale la pena?

Quinto, para mejorar la pertinencia y la calidad de la educación, se acordó incorporar y fortalecer la educación sexual-reproductiva. ¿Está en verdad dispuesta la cúpula de la Iglesia católica a no entorpecer que niños, niñas y adolescentes tengan la información necesaria para protegerse, para tener la capacidad de optar y para lograr una vida plena en esta materia?

Cumplir el Pacto Educativo implica una nueva distribución de poder y recursos. Todos y todas estaremos mirando quien está realmente comprometido con la educación, y quien firmó solo para las cámaras.

Posted in Sin categoría

Más de

Más leídas de

Las Más leídas