Imagínese viajando desde Santo Domingo a Santiago, y que a algunos policías o militares se les ocurra improvisar un registro en cualquier cruce o al atravesar el peaje. Probablemente pensará que pasa algo grave, que ha obligado a las autoridades a adoptar una medida de excepción.
Eso no pasaría sin embargo si usted es asiduo viajero hacia la región Sur, y particularmente hacia el Suroeste. A cualquier hora del día o de la noche, policías o uniformados de cualquier género “decretan” registros de vehículos y sus ocupantes. Una rutina ilegal, arbitraria y abusiva.
Los registros son más “eficientes” con quienes salen de la zona, sometida a un estado policial o de excepción en una nación que se define como un Estado de derecho. Y pensar que se vuelven más opresivos cuando el viajero se aproxima a la frontera con Haití.
La excusa es la persecución de las drogas o el tráfico humano (ilegales haitianos), lo que podría considerarse como una cuestión clave para la “seguridad nacional”, pero un chequeo habitual que sólo sirve para molestar a las personas, difícilmente cumpla su cometido. Los delincuentes conocen muy bien el modo operandi y los términos que facilitan la elusión.
Todo eso ocurre al margen de la ley. ¿En base a qué la Policía o los militares disponen de registros o chequeos de vehículos y personas, que no sea en franca violación de los derechos humanos? Y peor aún, generalmente, proceden en forma autoritaria y amenazante.
No sabemos con propiedad qué tan efectivos son los registros si se mide por resultados. No llegan a los medios los informes de detenciones masivas de ilegales o de captura de narcotraficantes o cargamentos de drogas en esos puestos. Lo que se dice es otra cosa.
Eso que soportan impasibles los viajeros como parte de sus vidas, está prohibido. Viola el derecho al libre tránsito, establecido en la Constitución y en la ley adjetiva. La Policía y los militares han barrido con la norma.
