Un grupo de abogados depositó ayer en el Senado un documento con 27 propuestas que consideran deben ser incluidas en el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP).Al hablar en nombre de los abogados del Instituto Dominicano de Ciencias Penales y el Foro de Juristas para la Democracia Constitucional, Cándido Simó explicó que fue esa comisión la que pidió al presidente Danilo Medina observar el referido proyecto por considerarlo inconstitucional, razón por la que deciden pasar “de la protesta a la propuesta”.
Además de restablecer el tercer párrafo del artículo 85 del CPP vigente, el grupo de juristas conformado, además de Simón, por Ángel Moreno, Carlos Balcácer, John Garrido y Félix Olivares, también plantea limitar que los tribunales colegiados conozcan casos que conllevan condenas menores, de manera que se distribuyan la carga, y que los jueces de paz tengan mayor trabajo al igual que los jueces de Primera Instancia.
Asimismo, proponen establecer como regla principal el principio de la libertad y prohibir la publicación de la imagen, el nombre y los datos que puedan identificar a las personas sujetas a investigación y procesamiento penal hasta que intervengan medida de coerción.
Igualmente, sugieren establecer un juez de garantía en las cárceles para los presos preventivos.
Otra de las propuestas es la activación de las garantías procesales y los derechos constitucionales del ciudadano a no declarar, a no incriminarse, a ser informado del hecho atribuido y que se respete su dignidad.
Balcácer agregó que están proponiendo la eliminación del juzgamiento de los tribunales colegiados de acusados que lleven condenas de dos a cinco años, el (tribunal) colegiado se encargaría de cinco años en adelante y los juzgados de paz, de uno o dos años.
La sociedad civil pide mantener el artículo 85
En un documento depositado ayer en el Senado de la República, las entidades basan su petición en que el artículo 85, numeral 12 de la Constitución, consagra como deber fundamental del ciudadano, velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
