Desde el año 2002, el Código Procesal Penal habla sobre el deber del Estado de garantizar la protección a víctimas y testigos, sin embargo, más de una década después, la cobertura de este tipo de programas es escasa en la República Dominicana.
El mismo Procurador General de la República reconoce la necesidad de ampliar estas medidas con el fin de resguardar a los colaboradores de la Justicia.
En 2009, mediante la resolución 42, la Procuraduría creó la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos bajo el amparo de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja.
Dicha unidad, según reveló Francisco Domínguez Brito, tiene más de 20 personas bajo protección. “Cada caso tiene sus particularidades, hay algunos en los que se han alquilado apartamentos a estas personas para que vivan en lugares suministrados por nosotros, hay otros en los que no llegamos a ese extremo, sino que tenemos un contacto telefónico permanente”, explicó.
Sin embargo, para el juez del Tribunal Constitucional, Lino Vásquez, el tratamiento dado a las víctimas y testigos es “deficitario como consecuencia de una política dispersa, que no atiende estándares básicos de atención y protección que permitan a la víctima acceder en condiciones de igualdad al proceso”.
En la página 45 del libro “Procedimiento Penal Apuntado”, publicado en abril del 2013, el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, considera que en el país el tema está en “ciernes” y se pregunta “¿Quién con sano juicio, aceptará declarar ante la Policía Judicial o en el tribunal, a sabiendas de las intimaciones y represalias contra sí mismo y sus familiares de parte de los criminales procesados o investigados?”.
Constitución establece protección
Si bien es cierto que el Estado ha dado los pasos para mejorar las condiciones de las víctimas, testigos y sujetos de riesgo, no menos cierto es que nos falta mucho por recorrer. La Constitución dominicana en su artículo 169, párrafo primero, establece que el Ministerio Público “dispondrá la protección de víctimas y testigos”. También en el artículo 177 indica que el Estado tiene que crear programas de asistencia legal gratuita para las víctimas de escasos recursos.
En adición, la ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), en su artículo 52 numeral 2, también habla de la protección a las víctimas y testigos.
“Corresponde al director General de Persecución del Ministerio Público: Coordinar el sistema de protección de víctimas, testigos u otros sujetos en riesgo en los procesos penales”, indica la norma.
No hay cultura de protección
La mayoría de las personas que actualmente están bajo el amparo del programa de protección están vinculadas a casos de narcotráfico. Para determinar quién puede o no ser protegido, el Ministerio Público evalúa los casos, el riesgo y la colaboración.
“Yo pienso que el gran problema es que todavía el testigo protegido no es parte de una cultura en la República Dominicana, por eso no hay más. Sin embargo, poco a poco en la medida en que se va institucionalizando, podremos tener más casos de esa naturaleza”, aseguró Domínguez Brito.
El Procurador entiende que es suficiente con el marco legal vigente pero esa “institución, como tal, debe desarrollarse aún más, todavía no es una institución totalmente cotidiana, sin embargo, y sobre todo en materia de violencia de género tendrá que irse afinando más”.
Aseguró, además, que se hace necesario ampliar el sistema y los mecanismos de protección.
Desde la Procuraduría también se instauró la Oficina de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, para brindar asistencia legal gratuita a las víctimas del delito, pero aún su alcance no es nacional. Además, en los casos de violencia de género también se tienen previsto algunos mecanismos de protección.
Un proyecto para las víctimas
Tanto Vásquez, excomisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, como el exconsultor sobre el proyecto de criminología de esa desaparecida entidad, Miguel Valerio Jiminián, comparten la idea de que el Estado tiene una deuda con la víctima y que se necesita un marco legal que regule y concentre todo lo relativo a la protección de testigos y víctimas.
El mismo comisionado creó el proyecto de ley para la “atención y protección a víctimas, testigos y otros sujetos en riesgos” que reposa en la Cámara de Diputados y entre otras cosas plantea la posibilidad de que testigos y víctimas tengan nueva identidad, indemnización para la víctima cuando el Estado no identifique al agresor, facilitar residencia en el extranjero, un sitio custodiado y reservado para los protegidos.
En resumen, esta iniciativa que costó cerca de RD$240 mil y unas 150 reuniones, según reveló Valerio, busca que a las víctimas, testigos y otros sujetos en riesgo participen en plena igualdad de condiciones en el proceso penal, evitando así posibles impunidades innecesarias y la victimización secundaria.
Para Valerio, acompañar a la víctima es necesario porque cuando termina el proceso penal “así como el imputado tiene derecho a reinsertarse la víctima también tienen derecho a recuperarse”.
Aseguró que, paradójicamente, el Estado no crea políticas de recuperación de víctimas y tiene políticas de reinserción del imputado.
