Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil depositaron ayer en el Tribunal Constitucional (TC) una comunicación en apoyo a que se mantenga el artículo 85 del Código Procesal Penal.El colectivo Nacional de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad, integrado por varias instituciones del país, advirtieron que de declararse inconstitucional el artículo 85 “la corrupción sería definitivamente intocable e incuestionable”.
El referido artículo establece que “en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante”.
Mario Serrano, del Centro Bonó, indicó que “con el intento de eliminación de este artículo, se pretende institucionalizar una dinámica que nos deja al Estado sin sus recursos para poder invertir en las políticas sociales y el desarrollo de los pobres”.
Indicó que “gran parte de los recursos que deberían estar destinados a las políticas sociales y a provocar más equidad en este país, se van en los bolsillos de los funcionarios y esto queda de manera impune”.
En el documento los manifestantes presentaron a la alta corte, “diez razones jurídicas que avalan la constitucionalidad del párrafo que el exministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Díaz Rúa, pide eliminar del Código Procesal Penal”.
Señalan que la Constitución “impone a los ciudadanos la obligación de velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”. “Lo inconstitucional sería derogar el artículo 85, porque el derecho de los ciudadanos a querellarnos forma parte de los actos que garantizan el derecho fundamental de acceso a la Justicia”, expresaron.
