El Senado de la República aprobó, en primera lectura, un proyecto de Ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Si finalmente dicho proyecto es convertido en Ley, la explotación del subsuelo de Loma Miranda por parte de Falconbridge Dominicana (Falcondo), no sería posible.
La conversión en Parque Nacional de Loma Miranda tendrá implicaciones económicas negativas. Las exportaciones de ferroníquel, uno de los pilares de la estructura de exportación del país, desaparecerá. Téngase en cuenta que durante el período 1980-2012, las exportaciones de Falcondo totalizaron US$7,747 millones, para un promedio anual de US$235 millones.
Se producirá también una pérdida considerable de ingresos fiscales. El contrato con Falcondo fue renegociado en 1987. A partir de 1988, el Gobierno dominicano comenzó a cobrar sumas importantes de impuestos sobre el valor de las exportaciones de ferroníquel. Entre 1988 y el 2012, el Gobierno dominicano recibió impuestos sobre las exportaciones de ferroníquel por el equivalente de US$1,386 millones. Esto excluye el impuesto sobre la renta que la empresa pagó.
Otro impacto negativo que tendría la creación de este Parque Nacional sería sobre las señales que enviamos a los inversionistas extranjeros. La semana pasada, la revista Forbes nos colocó como el país menos fiable del mundo para realizar inversiones y hacer negocios. Es obvio que el ranking de Forbes es un disparate.
Sin embargo, la negativa de permitir la explotación de Loma Miranda a la empresa minera más grande del mundo (Glencore/Xstrata), propietaria de la licencia de explotación minera Quisqueya I, que vence en el 2030 y que incluye dentro de sus límites la zona niquelífera de Loma Miranda, enviaría una señal nada atractiva al mundo sobre la fiabilidad de invertir y hacer negocios en nuestro país.
No podemos olvidar que República Dominicana exhibe un déficit estructural en su cuenta corriente de la balanza de pagos cercano a 4.5% del PIB y que el 75% del mismo se ha estado financiando con influjos de inversión extranjera. Una decisión que implique al mismo tiempo un aumento del déficit de la cuenta corriente al reducir las exportaciones de ferroníquel y una caída en el influjo de inversión extranjera al impedir la inversión planeada por Glencore/Xstrata y desalentar a otros potenciales inversionistas extranjeros, ameritaría una ponderación más cuidadosa.
La decisión de crear el Parque Nacional Loma Miranda tiene otra repercusión negativa. La no explotación del níquel localizado en el subsuelo de esa sección de la concesión Quisqueya I, le representaría a Falcondo una pérdida considerable de los beneficios que esperaba obtener de la explotación minera que vence en el 2030.
Estimados preliminares indican que los beneficios de la explotación del ferroníquel durante los años que restan a la concesión ascienden a US$4,000 millones. Teniendo en cuenta que de ese valor, el Estado estaría recibiendo cerca de US$2,000 millones en forma de impuestos y participación en las utilidades de la empresa, se estima que el daño económico infligido a Falcondo ascendería a unos US$2,000 millones, equivalente a 3.3% del PIB.
Para un país que ha perdido prácticamente todas las demandas que han sido interpuestas en cortes internacionales por empresas extranjeras en contra de acciones tomadas por el Estado dominicano, no puede descartarse que una demanda bien llevada por las firmas de abogados que trabajan para la empresa minera más grande del mundo, derive en una indemnización que eleve la deuda pública dominicana en US$2,000 millones, lo cual acarrearía efectos negativos sobre nuestra sostenibilidad fiscal, con sus consecuentes repercusiones negativas en cuanto a nuestro acceso al mercado global de capitales en el futuro cercano.
No hay dudas que las elecciones del 2016 y, por tanto, las consideraciones de tipo político, han influenciado en la forma de actuar de nuestros legisladores y nadie debería estar sorprendido. Las restricciones políticas de corto plazo aparentemente se han antepuesto a los beneficios a largo plazo para el país.
Como bien ha explicado el reputado ingeniero geólogo y de minas Osiris de León, la Ley 64-00 establece que se requieren de estudios técnicos pertinentes, encargados por el Ministerio de Medio Ambiente, que demuestren la necesidad de que Loma Miranda, por sus características especiales, reúne las condiciones para entrar a un régimen provisional de protección ambiental, que dé paso a su eventual declaración como parque nacional.
Esos estudios, aparentemente, no existen. Crear un Parque Nacional, sin contar con los estudios que avalen su justificación, en franca violación a lo estipulado por la Ley 64-00, sería perjudicial para el Estado dominicano en caso de una litis internacional derivada de la anulación de los derechos adquiridos por Falcondo.
Visto lo anterior, el Gobierno debe de alguna manera reevaluar la posición que ha asumido sobre el tema. Estamos conscientes que el mismo puede acarrear costos políticos que algunos quisieran evitar.
Lo mismo se pensaba con la crisis provocada por la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, hasta que el Poder Ejecutivo asumió la responsabilidad de buscar una salida que ha recibido el respaldo de más del 90% de la población. No siempre, se debe aspirar a ese nivel de respaldo. A veces, los gobernantes deben conformarse con el 50% más uno, más aún, en casos delicados como el que nos ocupa.
Al país le conviene una salida razonable, salomónica, a este impasse.
Una que proteja no sólo el medio ambiente sino también los beneficios económicos que para el país tendría una explotación minera responsable. Lo primero que debería determinarse es el área del subsuelo de Loma Miranda, cuya explotación minera responsable tiene sentido económico. Esa información, nos imaginamos, se conoce con precisión. Se procedería a realizar los estudios que requiere la Ley 64-00 sobre el resto de Loma Miranda que no sería minado, para determinar los méritos a fin de convertirla, incluyendo toda el área alrededor del arroyo Jaguey, en Parque Nacional. Falcondo explotaría el subsuelo de alta ley de níquel, comprometiéndose con un programa de remediación y revegetación inmediato de las áreas minadas.
Para garantizar que este programa se ejecute sin ningún tipo de retraso, se recomienda que la empresa deposite el 10% del valor total de cada exportación -neto de los impuestos pagados al gobierno-, en una cuenta escrow, recursos que el Gobierno, iría liberando a la empresa en proporción al avance de la remediación ambiental y revegetación de las zonas minadas. Sugerimos que el MINARENA y el PNUD participen en la supervisión del proceso de remediación ambiental y revegetación, y en la administración de la cuenta escrow.
Sólo así, pensamos nosotros, podrían Falconbridge y el Gobierno obtener la “licencia social” a la que se refiere el PNUD, para posibilitar la explotación del níquel localizado en el subsuelo de Loma Miranda. La empresa y el Gobierno, como muy bien se establece en la Evaluación Técnica sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Explotación Minera de Loma Miranda, no previeron en los años ochenta las repercusiones negativas que tendrían en el futuro las imágenes que han dejado los primeros 33 años de la explotación del ferroníquel por parte de Falconbridge en Loma Peguera y Loma Ortega dentro de la concesión Quisqueya I. Es cierto, como plantean los expertos contratados por el PNUD, que cuando “Falcondo inició sus operaciones en el país no existían regulaciones ambientales de ningún tipo”. Aunque el PNUD reconoce que “con el desarrollo del marco legal y normativo ambiental, la empresa ha ido incorporando paulatinamente medidas para mejorar su desempeño”, no es menos cierto que las imágenes de degradación siguen siendo muy visibles. El proceso de remediación ambiental y revegetación de las áreas minadas ha sido lento. Como no hay almuerzos gratis, ahora hay que pagar un precio. La propuesta que presentamos, a nuestro juicio, establece un precio justo y balanceado. l
