El fundamentalismo ambiental que amenaza pautar el debate frustrará todos los planes de desarrollo de la economía a menos que se valore la importancia de asumir los riesgos y encararlo con el ímpetu con que opera ese fanatismo de nuevo cuño. Los poderes del Estado y entidades de la sociedad civil se han rendido al ruido que éste provoca en el caso de Loma Miranda, convirtiendo un tema del más alto interés nacional, que involucra cientos de empleos de calidad, importantes ingresos fiscales y aprovechamiento racional de un recurso minero, en mero asunto de opinión pública, como si se tratara de una cuestión plebiscitaria. Los argumentos que sustentan la declaratoria de parque nacional por el Congreso de la República carecen de valor científico y se cimientan en tabúes que el desarrollo de la tecnología en el campo de la minería desmontan.
Ahora la corriente se mueve hacia el problema eléctrico, para entorpecer el ritmo de construcción de dos plantas de carbón en la provincia Peravia ante la supuesta amenaza que esa obra representa para el medio ambiente en la zona, sin importar el impacto positivo que esas plantas tendrán en el deficiente sistema eléctrico y el alto precio de la energía, que hace difícil la competencia de nuestros productos en los mercados internacionales. Simultáneamente cobra fuerza un movimiento para crear un clima negativo a la explotación en otros lugares donde hay señales de grandes reservas de minerales, lo que frenaría la expansión y el crecimiento de la economía.
El peligro real al que nos enfrentamos no radica en la explotación de los recursos no renovables, sino en el creciente y arrollador poder discrecional de los funcionarios públicos, en los niveles de corrupción que reducen las expectativas de la gente y crean, más que la extracción de oro y níquel, un clima de contaminación que abarca hasta el aire que respiramos. Pero de eso no se habla.
