Desde hace un tiempo en nuestro país se está desarrollando un activismo ambientalista, lo que en principio es positivo, sobre todo dada nuestra condición de isla que requiere preservar sus recursos naturales fundamentales; sin embargo, la falta de racionalidad de las oposiciones de estos grupos a determinados proyectos, mueve a preocupación.
Debemos partir de la premisa de que toda actividad humana genera un impacto sobre la naturaleza, y no por eso debemos proscribirla. Por eso lo importante es que cada sociedad tenga conciencia de que la necesidad de conservar sus recursos tiene que estar vinculada a políticas racionales que permitan estos propósitos dentro de un marco responsable de explotación de las actividades necesarias para generar riquezas.
Nuestras autoridades han decidido que la explotación de nuestros recursos mineros es importante, no hay otra forma de explicar la reciente creación de un nuevo ministerio dedicado especialmente a la energía y las minas. Sin embargo, al mismo tiempo, no han establecido claramente las políticas públicas para la explotación de dichos recursos bajo condiciones que garanticen el debido control de su impacto.
Por otra parte, el Gobierno ha alentado que muchos piensen que la toma de determinadas decisiones no depende de un análisis de los pros y contras de cada acción, sino de cuánta presión mediática pueda ejercerse para generar la percepción de que tal acción es impopular; convencidos de que para no cargar con las consecuencias las autoridades harán lo que el supuesto clamor público les pida.
Lo peor es que no solo se enturbia la discusión de los temas nacionales con pasiones, sino que se distorsiona el análisis, pues en vez de una defensa coherente del medio ambiente la percepción que se tiene es que hay ataques escogidos contra proyectos a ser desarrollados por grandes empresas privadas, puesto que otros realizados por el Gobierno o actividades a todas luces depredadoras del medio ambiente, como la extracción de materiales de construcción de nuestros ríos, se siguen haciendo impunemente.
Si queremos preservar nuestro medio ambiente, como debe ser, lo primero es tomar conciencia de que necesitamos políticas y reglas claras, que se cumplan por todo el mundo y que estén fundamentadas sobre criterios técnicos y objetivos.
Debemos defender nuestro medio ambiente con el mismo ahínco con el que debemos rechazar un peligroso populismo que confunde una defensa racional y responsable, con una oposición acomodaticia que cierra los ojos ante groseras violaciones y no admite argumentos de discusión, respecto de la viabilidad de otras.
Nuestras autoridades deben entender que sus decisiones deben ser las que más convengan a la nación no las que más convengan a su popularidad, y no asumir posiciones como la de pretender declarar una zona como parque nacional a través de un informe que no posee elementos objetivos de justificación, lo que fomentaría un peligroso populismo ambiental.
El Presidente debe darse cuenta de que el objetivo no es que con cada tema acabe como el redentor que lo solucionó, sino lograr que para cada uno propicie la decisión más conveniente para los intereses del país, lo que de seguro no será el caso si dejamos que el populismo prime sobre la verdad y la razón.
