El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), emitió ayer un comunicado que refleja el estado de la democracia dominicana, y especialmente, el desempeño de algunos de los actores del sistema. La afirmación no se desprende sólo del contenido del documento, en el cual se reclama la aprobación de la Ley de Partidos y la modificación de la ley de la Junta Central Electoral (JCE), sino de los factores que empujaron a la cúpula empresarial a realizar el reclamo, que si bien le atañe como estamento de la sociedad, corresponde fundamentalmente a los actores políticos.
Pero la acción dice más. ¿Por qué hacen el pronunciamiento? Simplemente, por el débil desempeño de la oposición política frente a la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Si la oposición fuese tal, hace tiempo que ya los legisladores hubiesen aprobado esos instrumentos para el avance de la democracia. Y no es que la dispersa oposición no tenga interés en la norma. Es que se encuentra discapacitada para ejercer su rol.
Este momento hace recordar aquel período gris, por no decir negro, de los doce años del presidente Joaquín Balaguer, en que la justicia estaba secuestrada por el partido gobernante, cuando las decisiones estaban muy matizadas por la fuerza dominante, al extremo de que varios de los jueces eran al mismo tiempo miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Las personas, aún en litigios entre terceros, solían llevar sus casos a los medios de comunicación, porque el sistema judicial simplemente no jugaba su rol.
Una situación como ésa no es buena ni siquiera para el partido en el poder, que puede resultar acorralado por los actores civiles, como ocurrió con el 4% para la educación. La presión por la ley electoral no vendría de los partidos políticos, sino de toda la sociedad.
El PLD debe evitar que el establecimiento de un estatuto partidario cobre cuerpo de “bandera nacional”. Se convertiría en una derrota política. Si actúa correctamente, cumpliría con su obligación de fortalecer la participación política y la institucionalidad democrática.
El PLD debe entender. Está a tiempo para hacerlo.
