Con los movimientos sociales que han surgido en el país durante los últimos años, se ha estado enviando una señal clara de que no se está dispuesto a seguir conviviendo con una democracia a medias, donde una cosa sea la Constitución y otra muy distinta la práctica política y ciudadana. Se demanda de una democracia plena, donde haya coherencia entre lo que señalan las leyes y las cosas que hacemos. Es decir, que si se habla de un Estado Social y Democrático de Derecho, no se siga indiferente ante la miseria y la desigualdad.
Un tema relevante que aborda la Constitución en su artículo 38 es el de la dignidad humana. En él se destaca que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales. Esto debe hacerse sin ningún tipo de discriminación por razones de género, color, discapacidad, nacionalidad, condición social, entre otras. En la práctica no es así, pues la intolerancia, el odio y la discriminación siguen estando muy presentes en nuestra cotidianidad.
La violencia contra la mujer, la exclusión social de personas con algún tipo de discapacidad y la violación de derechos contra dominicanos de ascendencia haitiana, son pruebas claras de lo anterior. A esto se suma el discurso violento contra aquellos que tienen una orientación sexual distinta. Un discurso que lamentablemente se ha traducido durante años, en una práctica de inaceptable discriminación contra los grupos LGTB en el país.
Algunas voces se han levantado para que estos grupos no exijan sus derechos y sigan ocultos, avergonzados de su orientación y soportando tranquilamente el maltrato. La diversidad se condena como perversa e inmoral, mientras se hace silencio cómplice frente a la burla, el estigma y el maltrato de una persona simplemente por su opción sexual distinta. Lo que debe verse como una inmoralidad, es que la incidencia del VIH/Sida sea cinco veces mayor en el segmento LGTB porque por prejuicios, los programas de prevención no llegan a este grupo.
Una sociedad democrática no puede permanecer indiferente frente a la discriminación y la exclusión. Es tiempo de apostar a la construcción de un mejor país, de no temerle a lo diverso y de erradicar el odio y la discriminación de una vez y por todas. Ser coherentes es el principal desafío que tiene el sistema político dominicano. Practicar lo que se predica es actuar según la Constitución y las leyes y sobre todo, que esto se haga en base al amor y al respeto.
