En la dirección correcta

En una sociedad democrática ningún grupo tiene derecho a imponer sus ideas, las somete a discusión y trata de persuadir a los demás.

En una sociedad democrática ningún grupo tiene derecho a imponer sus ideas, las somete a discusión y trata de persuadir a los demás. Esto es esencial en un debate público que debe tener el propósito de construir el consenso posible sobre los temas de la agenda nacional. En la definición de esta agenda se trata de influir, pero al mismo tiempo, se debe tener la madurez para ceder en algunos aspectos. No comprender esto y actuar de manera irrespetuosa y avasallante para que prevalezca la visión de una parte, es una muestra de absoluta intolerancia, lo que pone en evidencia cuán distantes estamos de una verdadera cultura democrática.

La posición autoritaria de que se deben aceptar mis propuestas o que entre el mar, se puso de manifiesto cuando un reducido grupo de ultraconservadores reaccionaron con virulencia a la propuesta de reglamento de la ley 169-14. Esta sobrerreacción se da por la consulta y posterior aprobación de un reglamento que la propia ley del régimen especial y sobre naturalización ordena al Ejecutivo elaborar. Según la ley, el reglamento permitirá la aplicación efectiva de lo dispuesto en sus capítulos II y III, debiendo promulgarse en un plazo no mayor de 60 días. Es decir, estamos ante un mandato legal, no ante un invento o imposición de algún Ministro como quieren dar a entender los abanderados de posturas radicales.

Por encima de las fuertes presiones de algunos aliados del partido oficial, el presidente de la República ha actuado de la manera correcta aprobando un reglamento que es coherente con la Constitución, la ley 169-14 y la ley de Migración. Con esta actuación se da continuidad a un amplio consenso político para buscar una salida humanitaria al problema generado por la sentencia 168-13. La que se ha buscado puede que no sea la mejor de las respuestas, pero si la posible en una situación cuya solución no resistía más tiempo. La postura irresponsable de apostar al caos tiene que seguir siendo rechazada, no solo por el gobierno, sino por los sectores más sensatos del país.

Aprobada a unanimidad en el Congreso Nacional la ley 169-14 y promulgado el decreto 250-14, solo resta que las instituciones asuman el compromiso de la efectiva aplicación de estas disposiciones. No se puede permitir que en la práctica, aquellos que no quieren una solución y apelan a una soberanía mal entendida, sigan violando derechos fundamentales de miles de personas a las que la Constitución vigente hasta el 2010 y las instituciones del país, les reconocieron la nacionalidad dominicana.

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