La semántica del tema AFP influyó en que recibiera de personas que se comunicaron conmigo de viva voz o a través de mensajes de correo electrónicos personales o anónimos, para pedirme claridad mundana en mis conceptualización de las características matemático-financieras de los planes de retiro. Pobre salida para mí, porque no conozco equivalencias coloquiales de los conceptos que se utilizan en las ciencias actuariales. Mis problemas de conexión a Internet, no conservar el borrador del PLSS usado durante el 2001 para realizar un análisis actuarial a uno de los mayores planes de retiro de empresa estatal, no retener copia del Reporte Final, y considerar no ético el referir con pelos y señales o entregar datos que pudieren identificar cliente de la Consultora a la que pertenecía, provocaron que descargara desde Internet los estamentos legales que no tenía. Los leí de nuevo y me parecieron contener bases adecuadas.
Comprendí que fueron relatos periodísticos lo que determinó mi percepción de cambios en la ley, redactados con palabrotas, palabritas y palabras de las autoridades públicas, como declaraciones de asesores, de gerentes o de legisladores que enfrentan problemas nacionales mediante diseños que son intrínsecamente contrarias a la Constitución y a varios códigos de Leyes Adjetivas, como si fuese atribución normal de la Gestión Nacional, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, el violentar la santidad de nuestro sistema republicano.
¿Qué clase de cerebro se requiere poseer para siquiera pensar que el Estado dominicano tiene autoridad o derechos para disponer del ahorro o de la propiedad personal de las mayorías nacionales? El consentimiento del dueño no puede ser mandato de ninguna ley, y tal consentimiento es imprescindible para que el Estado pueda enajenar propiedad que no es estatal. Pero no se trata solo de propiedad. También es un problema propio de las ciencias actuariales y no de política gubernamental, ni de la carencia de fondos presupuestarios para que el Poder Ejecutivo realice las inversiones públicas que se comprometió a ejecutar.
Los proponentes de tales diversiones ilegales de los recursos de la mayoría de la población económicamente activa podrían lograr a través de la propaganda y la compra de conciencias, cuando más un triunfo efímero, y eso porque, como decía Juan Bosch del gobierno de Balaguer, los jefes de Estado dominicanos no respetan su propia legalidad, y porque los dueños reales son ignorantes de sus derechos.
Por último, habría un costo de oportunidad calculable, como efecto de la erosión de la tasa actual de crecimiento de los fondos acumulados y la que efectivamente pague el Estado dominicano por el monto de los fondos secuestrados.
