Cobra cuerpo un tipo de protestas de ciudadanos de pequeñas comunidades que merece la atención de las autoridades. El método no es nuevo, pero por la recurrencia debe generar alguna inquietud.Unos cuantos vecinos o incluso personas desconocidas que dicen representar determinada comunidad y que no siempre residen en el lugar en que se “manifiestan”, sin previo aviso, lanzan troncos, gomas u otra clase de desperdicios en una carretera y les prenden fuego.
Eso pasa en carreteras regionales o secundarias. Inmediatamente se interrumpe el tránsito. Las actividades de los transportistas, viajeros de todo tipo, negociantes o empresarios que se desplazan de un lugar a otro, quedan paralizados, a veces bajo riesgo, hasta que llega la Policía y trata de desalojar a quienes protestan.
En el mes de junio un grupo de vecinos de comunidades de Tamayo decidieron interrumpir el tránsito regional, y lo consiguieron, hasta horas después, cuando la Policía impuso el orden. Esta semana tal proceder fue replicado por vecinos de El Higuito, en Quita Coraza, Barahona.
El mes pasado, grupos mucho más numerosos se manifestaron en la carretera Duarte, en la proximidad de Bonao. Igual cerraron el tránsito. Cientos de personas protestaban contra el proyecto de explotación de Loma Miranda.
Ayer recurrieron al mismo recurso vecinos de Punta, Mal Nombre y Los Rieles en la ruta Villa Mella-Yamasá. Los manifestantes ahí fueron agresivos, toda vez que atacaron a pedradas todo tipo de vehículos que intentó atravesar el tramo.
Todos esos pueblos hacen reclamos muy justos. Eso no está en discusión. Pero el método utilizado tiene un impacto muy negativo. Afectan a personas que viajan con propósitos sociales, económicos o de salud.
Una protesta de ese tipo deshace toda clase de planes. ¡Y cómo altera el orden! Y especialmente el sentido de seguridad que debe prevalecer en la República.
Las autoridades deben prestar atención. Imagínese que ese proceder se expanda como virus. Entonces sería un caos.
