Un grupo de ciudadanos que dijeron representar alrededor de 30 familias del viejo poblado de Boca de Cachón, en Jimaní, provincia Independencia, expresaron este lunes inconformidades sobre la repartición de las viviendas en el nuevo pueblo construido por el Gobierno para reubicarlos.
Los ciudadanos, que forman dos colectivos con exigencias distintas, viajaron hasta la capital y se manifestaron frente al Palacio Nacional. Unos, que se han autodenominado “el grupo de los abandonados” y en su mayoría familiares de personas que ya se han mudado al nuevo pueblo, denuncian que los han dejado fuera de la asignación de viviendas en el proyecto, a pesar de haber sido censados.
Mientras que otros se resisten a aceptar las viviendas que les ofrece el Gobierno porque aseguran que “no valen la pena” comparada con la que tienen en la zona de influencia del lago Enriquillo, cuyo crecimiento desmedido pone en riesgo y afecta considerablemente la vida de muchas personas de esa localidad. Estos, que son la minoría, ahora prefieren quedarse en el viejo poblado, el cual será demolido y convertido en un manglar y que al que ya le están empezando a cortar los servicios porque la gran mayoría del total de 566 familias ya se ha mudado.
“Todos estamos censados en el censo que hicieron en el 2012, que convocó el general Rafael de Luna Pichirilo (uno de los responsables directos del proyecto y de la mudanza de las familias), donde no buscó el síndico de la comunidad para ir hacer ese censo. Después que nos censó, ahora resulta que no aparecemos, que no hay casas para nosotros, que somos unos allegados. Eso es lo que ha dicho el señor de Luna Pichirilo”, dijo Crismary Peña Pérez, vocera del grupo de los “abandonados”.
Peña Pérez expresó que las autoridades les han planteado como solución construirle un anexo en la vivienda de algún familiar o darles un solar, pero advierte que no aceptarán.
“La respuesta que nos dan es que nos van a construir anexos o un solar vacío. Y cómo una madre de familia va a coger para un solar vacío, con qué construimos, dónde están los ingresos para eso. No estamos de acuerdo en recibir un solar vacío”, adujo.
Asimismo, afirmó que tienen información de que en el nuevo Boca de Cachón se ha otorgado viviendas, a través del tráfico de influencia, a personas que no residían en el viejo poblado y que son éstas las que ocupan sus lugares, por lo que exige transparencia enel proceso.
“En el poblado nuevo dizque no hay casa, pero investigamos y resulta que hay casas vacías, pero no nos la quieren dar, porque son casas asignadas para las instituciones, hay 14 casas”, dijo la dama.
Cecilia Casanova, es una de las que no quiere aceptar la vivienda en el nuevo Boca de Cachón. La señora reside en España y tiene tres casas en el viejo poblado, pero solo le dieron una en el nuevo. Explica que ella tiene cinco hijos y que debe repartirlas entre ellos.
“Que no me den casa a mí no importa, pero las viviendas que son mías que no me las rompan, que me las dejen ahí. El lago se está ya recogiendo, esto es algo raro que nos se entiende, porque ahora va pa’ trá el lago. No hay ningún problema para vivir ahí, lo que pasa es que no hay agua, no hay luz, no alimento, no hay nada, porque ellos nos quieren sacar a la fuerza”, dijo.
Los manifestantes mostraron partes de bombas lacrimógenas que -dijeron- fueron lanzadas en el viejo pueblo como una forma de obligarlos a salir. Asimismo, afirmaron que le han cortado algunos servicios básicos. También denunciaron que hay cosas inconclusas en el nuevo pueblo, como el asilo de ancianos y la funeraria.
Posición del Gobierno
La pasada semana José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, dependencia que tuvo a su cargo la ejecución de la obra, admitió que hubo ciertos “fallos” en el conteo de algunas familias, que se dieron casos en los que más de una familia vivía en una misma casa. Por esa razón dijo que el Gobierno construirá ocho nuevas casas para igual número de familias.
Sin embargo, el funcionario también indicó que hay personas “vivas” que quieren aprovecharse de la situación, para salir gananciosos con más de una vivienda, a quienes les advirtió que el Gobierno no permitirá que arruinen el proyecto, que -aseguró- ha sido “muy bien llevado”.
Peralta también había dicho que “muchos de esos vivos” son personas que quieren casas para un hijo, un sobrino o un hermano, que son las que se resisten a mudarse al nuevo pueblo, por lo que estaban evaluando la posibilidad de cortar algunos servicios básicos para que sean ellos mismos que tomen la decisión de irse.
