Lo ideal es que nadie tenga necesidad de portar o poseer un arma de fuego, el letal instrumento que sólo debía servir para proteger, defender y nunca para ofender, herir o matar.
En estos días el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha abordado el tema de las armas de fuego en manos de la población. Y especialmente, cómo las mismas pueden convertirse en un riesgo.
Como a los delincuentes con antecedentes se les puede dificultar obtener un arma mediante los procedimientos de ley, optan por el robo con violencia, y quienes las poseen, las portan y las exhiben, suelen ser objetivos fáciles, con el agravante de que no sólo se puede perder el artefacto, sino la vida.
Y es que las armas en manos civiles, aún entre ciudadanos de buen comportamiento, son un peligro. En circunstancias normales, poseer un arma supone una disposición a utilizarla, y ello, en sí mismo, entraña un estado de riesgo al que ninguna persona con vocación de paz debe exponerse.
Sólo quienes están llamados a portarlas, como los agentes de orden público y de seguridad y los militares, deberían tenerlas a cargo. Pero aún en sus manos, no dejan de ser un peligro. Por eso, a esos señores se les entrena sobre sus responsabilidades y las circunstancias extremas a que están expuestos por el porte de un recurso potencialmente letal.
Pese a todo ello, para un amplio número de ciudadanos, sentirse seguro es estar armado, aunque no sea hasta los dientes. Asumen que “el hierro” les concede un poder de disuasión frente a terceros con potencial peligroso.
La República tiene la ley 36 de comercio, porte y tendencia de armas de fuego.
Es una ley que debe ser revisada, de modo que el Estado elabore una política de armas. Mientras tanto, ante el alto componente de las armas de fuego en las estadísticas de muertes violentas, es necesario insistir en la prédica del Procurador: fomentemos la cultura del diálogo. Y renunciemos a las armas.
Mientras, procede implantar un programa de decomiso de armas ilegales en manos de las bandas criminales.
